Límite de 30 km/h en zona urbana, ¿un enfoque incorrecto?

La DGT quería cambiar la normativa antes de las elecciones generales, no fuese a ocurrir que los votantes no estuviesen de acuerdo. Actualmente el límite genérico en población es de 50 km/h, siendo de 30 km/h en algunas calles, como zonas residenciales o calzadas de carril único.

El ente público dirigido por Pere Navarro pretendía invertir la proporción, que 30 km/h en población fuese la norma y 50 km/h fuese la excepción. La excusa es, cómo no, la seguridad vial, argumentando que hay menor probabilidad de atropello a menor velocidad y que, si este se produce, las consecuencias son menores.

Durante la actual legislatura habrá que "disfrutar lo votado" en ese sentido, solo se ha retrasado

El 25 de marzo la revista digital de la DGT ya estaba allanando el camino, hablando en un artículo de la propuesta de la Junta austríaca para la Seguridad Vial (KFV) para que todas las ciudades de el país europeo adopten el límite de 30 km/h. Ahora mismo solo está implantado en algunas ciudades, no es la norma.

El impacto de esa medida es, en principio, positivo. Menos velocidad, menos ruido, menor probabilidad de atropello, menos heridos graves y unos cuantos muertos menos. Luego hay que considerar otros elementos, como si se va a cumplir, si puede ser contraproducente en términos de contaminación (conducir en segunda) o si puede provocar un tráfico insoportable.

Y es que tenemos un antecedente muy interesante que citar a ese respecto. La ciudad de Manchester (Reino Unido) implantó un límite de 20 millas por hora (30 km/h) en amplias zonas de la ciudad. Pues bien, según el Department for Transport (DfT), el 85% de los trayectos en dichas zonas no respetaban dicho límite de velocidad.

¿Qué hacemos, poner un radar cada 100 metros?

Al final tuvieron que llegar a la conclusión de que apenas había diferencias en accidentalidad o velocidades medias (-0,7%). Los conductores no estaban por la labor de respetar los límites aún sabiendo que podían ser sancionados. Y es que la gente cuando conduce tiene el "capricho" de ir a una velocidad que considera segura... y conveniente a la vez.

Zona residencial británica limitada a 30 km/h

Según el VII Estudio 'Españoles ante la Nueva Movilidad', encargado por la consultora PONS Seguridad Vial, la revista Autofácil, la plataforma de carsharing WiBLE y la aplicación Moovit, el 57% de los encuestados (sobre 8.500 personas) rechaza reducir los límites en zona urbana a 30 km/h.

Al sentido común se le puede complementar con una evidencia empírica, y es que está aumentando el número de vehículos que disponen de algún sistema de frenado automático, al menos a baja velocidad (apto para zona urbana) en el caso de que irrumpa un peatón en la calzada o que el conductor no se haya dado cuenta de que está ahí. Todo coche nuevo ha de llevarlo.

Se pueden colocar medidas de reducción de velocidad antes de los pasos de cebra en vez de convertir una ciudad entera en una zona peatonal

Cierto es que la proliferación de vehículos más altos y más pesados (SUV) puede dar miedo en términos de siniestralidad vial de cara a los peatones o los ciclistas, pero los datos no son todavía muy concluyentes a ese respecto. El sentido común nos diría que sí, puede ser un problema, pero todavía no se considera como tal.

De momento vamos mal, la medida tendría más impacto en el balance contable de los ayuntamientos por recaudación de multas que en una reducción de la siniestralidad o la velocidad media. ¿Y qué tal eso de insistir en la educación vial? Eso va tanto para los que conducen vehículos a motor, como los que no.

Hay que acabar con la cultura del "peatón tecnológico" (que no mira por dónde va, mientras está pendiente del móvil), del conductor distraído o haciendo un uso incorrecto de la tecnología, ciclistas que se pasan las normas de circulación por el forro de las gónadas o gente cruzando por donde no debe.

Que incrementen la cuantía de las multas por esos comportamientos, recaudarán más y estropearán menos la fluidez del tráfico

Al final este tipo de medidas, sin la correcta fundamentación, no gozan del favor del público. Se perciben como ánimo recaudatorio, formas de desincentivar el vehículo privado o directamente como formas de tocar las narices. Si implantan la medida, tendremos por delante cuatro años de quejas, hasta que los electores decidan otra cosa y los que vengan después dejen las cosas como estaban.