Así ayudan las administraciones al coche eléctrico: hasta 30 meses para instalar un cargador público

Comprar un coche eléctrico hoy en día es una opción razonable para muchos usuarios, pero existen ciertas preocupaciones que en muchos casos obligan a estos a elegir otro tipo de vehículo.

Y es que, llegados a este punto, son múltiples los vehículos que ofrecen una tecnología más que apta para el uso diario, tanto en cortos, como medios y largos recorridos. Entonces, ¿qué falla? ¿Por qué las cifras de ventas no van en consonancia con la madurez de la tecnología?

La burocracia, ese pozo sin fondo que se lo traga todo en España

Muchos argumentarán que los precios de los coches eléctricos son demasiado elevados. Y no les falta razón, en Europa este aspecto está muy lejos de solucionarse.

Sin embargo, siguen existiendo opciones interesantes que, con la inclusión de las ayudas a la compra se convierten en viables para muchos potenciales compradores. El problema es el de siempre, solicitar y recibir las ayudas implica pasar por un proceso tedioso, farragoso y largo. Muy largo.

«Iberdrola tiene, ahora mismo, más de 2000 puntos de recarga en tramitación que ya podrían estar operativos»

Pues eso mismo le ocurre a las empresas que quieren instalar puntos de recarga públicos en España, tal y como ha denunciado Raquel Blanco, directora global de Smart Mobility de Iberdrola, en el tercer webinar del VII Foro Nissan.

Y es que es otro de los grandes problemas del coche eléctrico en España, que la red de recarga es insuficiente (y poco fiable, pero ese es otro tema). Y, entre otras cosas, esto se debe a que hacen falta entre 20 y 30 meses de espera para obtener un permiso de instalación en nuestro país.

Raquel Blanco destacó el «compromiso de todas las administraciones con la movilidad sostenible», pero pidió «agilizar la tramitación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. En su tramitación intervienen las tres administraciones y se tarda entre 20 y 30 meses en conseguir los permisos. Iberdrola tiene, ahora mismo, más de 2000 puntos de recarga en tramitación que ya podrían estar operativos».

Además de por su propia utilidad, el aumento de los puntos de recarga producirá un efecto llamada hacia el coche eléctrico, porque «el simple hecho de que los puntos sean visibles hace que la gente se plantee la compra de un eléctrico», apunta Blanco.

Según la directora global de Smart Mobility de Iberdrola, el objetivo de su empresa es «liderar el desarrollo de la recarga pública, eliminar esas barreras al usuario. Hemos aprobado un plan de 150 millones de euros de inversión para poner en marcha 50.000 puntos de recarga, con más de 2500 puntos públicos, para que el hábito sea similar al de ir a una gasolinera», explica.

«Porque en las estaciones de recarga rápida se puede recargar energía para hacer 100 kilómetros en sólo cinco minutos. Pensamos que el eléctrico es para ciudad, pero también sirve para los desplazamientos interurbanos con una buena infraestructura de recarga», amplía.

Borja Carabante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid presente en el evento, afirma que el despliegue de la infraestructura por parte de los actores públicos y privados «es vital. La administración pública debe desplegarla y ayudar a ello, subvencionándola y no poniendo obstáculos».

También demanda «unificación en la legislación, para que en todas las comunidades sea igual de sencillo desplegar la infraestructura» y «predicar con el ejemplo y que los vehículos de servicio público sean eléctricos, para que el usuario vea que la movilidad eléctrica está ahí y crea más en ella».

¿Se pondrán las pilas las administraciones? Que lo hagan y nos ayuden al resto hacerlo también.

Fuente: NewspressFotos: Pixabay