El cártel de los camiones dará lugar a demandas millonarias

El mundo del camión se prepara para un buen escándalo: el pacto de precios entre los principales fabricantes. De acuerdo a la Unión Europea, queda probado que durante 14 años acordaron subir los precios y retrasar la llegada de sistemas anticontaminación hasta que no fuese obligatorio hacerlo. El número de afectados ronda los 10 millones, entre 150.000 y 200.000 en el caso de España.

En 1997 se iniciaron las reuniones entre los fabricantes implicados, tanto físicas como telemáticas, para dar lugar a un cártel. Esta práctica está prohibida por la normativa de competencia vigente. Cada autónomo o empresa que adquirió un camión de más de seis toneladas pagó un sobreprecio que según fuentes del sector se cifra en un 10% o superior (tal vez el doble) del precio de compra.

La situación persistió hasta septiembre de 2010, cuando el fabricante MAN decidió romper la baraja y acudir a las autoridades. Denunció el caso a cambio de gozar de inmunidad -la cual se otorgó en diciembre- y a mediados de enero de 2011 comenzaron los registros en las sedes de sus competidores. Pidieron también inmunidad a cambio de hablar, pero el beneficio solo se otorga al primer chivato.

La Comisión Europea ha impuesto una cantidad récord en multas: 752 millones de euros para DAF, 1.008 millones de euros para Daimler, 494 para Iveco y 670 para Volvo-Renault. MAN no tendrá que pagar nada, y Scania no ha reconocido su participación en el cártel. Si la Comisión Europea determina que se benefició del cártel, la multa será aún más grande.

En total van 2.924 millones de euros en sanciones

Los fabricantes disponen de tres meses para pagar lo que deben, a menos que quieran pagar eso y unos intereses. Pero los problemas para la industria no se terminan ahí, porque se ha iniciado una avalancha de demandas de los camioneros y empresas de transporte, bien de forma colectiva como individual. Sus intereses económicos fueron lesionados.

Solo en España la patronal Fenadismer ha reunido a 1.500 afectados (el 1% del total). Los peritos han de determinar cuál ha sido el perjuicio para cada demandante, y proceder así al reembolso de las cantidades cobradas de más. Si no se consigue un acuerdo extrajudicial (por las buenas), se hará por las malas (vía demanda).

Web de la plataforma de afectados (http://www.afectadoscartelcamiones.es)

La UE ha notificado la resolución sancionadora -que sirve como prueba de que el cartel existió- recientemente, pero el caso se informó el 19 de julio de 2016. Los abogados recomiendan iniciar el proceso antes de que pase un año, no vaya a ser que los fabricantes aleguen que se han excedido los plazos para reclamar (en su posición, el tiempo corre desde que se hace el caso público).

Las reclamaciones contra Scania tendrán que esperar, ya que no hay resolución sancionadora ni admisión de culpabilidad, por lo que ese plazo no cuenta para los afectados. Una vez se notifique de forma oficial la presunta culpabilidad de Scania, los abogados tendrán vía libre para ir a por el fabricante del grifo.

¿Y quién puede interponer una demanda? Según Life Abogados, cualquier persona física o jurídica que haya comprado un camión de 6 toneladas o más, o haya firmado un contrato de financiación (leasing o renting) por el mismo concepto. El cártel se considera vigente entre 1997 y 2011, incluyendo ambos ejercicios.

¿Qué hay de los costes legales? Dependiendo del bufete, pueden pedir unos honorarios previos para iniciar el proceso. Lo normal es que los costes recaigan sobre los culpables, y del dinero que se consiga sacar, los letrados se llevarán su comisión. Si el proceso no llega a su término, las cantidades adelantadas pueden perderse total o parcialmente.

Lo más escandaloso del asunto es que al ser un sector tan pequeño, hay pocos fabricantes, y si se ponen de acuerdo entre ellos forman un oligopolio: prácticamente no hay forma de escapar al cártel (menos aún si no es de conocimiento público). Está por ver cuándo cambian las cifras si se añade a Scania a la fiesta.

Por otro lado, no hay que perder de vista el hecho de que al transportarse por nuestro país casi todas las mercancías por carretera, el coste del cártel lo ha pagado indirectamente el país entero, ya que los camioneros han tenido más difícil ofrecer unos costes ajustados al haber hecho inversiones más fuertes. Los 2.324 millones de euros en multas son un leve consuelo para los europeos afectados indirectamente, varias decenas de millones.

Fuente: Vozpopuli