La Comisión Europea denuncia a España ante el TJUE por la contaminación de Madrid y Barcelona

Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

España está más cerca que nunca de recibir una multa millonaria por no cuidar de la salud de los habitantes de Madrid, Barcelona y su área metropolitana. La Directiva 2008/50/CE del 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que entró en vigor en 2010, se ha incumplido sistemáticamente.

La Comisión Europea hará público mañana que se ha iniciado el proceso sancionador contra el Estado español por no tomar las medidas necesarias. La anulación de Madrid Central durante unos días ha podido ser la punta del iceberg, ya que el problema viene de lejos y está teniendo un coste inaceptable para la salud pública.

En España existe una normativa, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que se supone que iba a atajar el problema. Afecta a los municipios de más de 100.000 habitantes, que deben medir la contaminación, tener medidas para paliarla y, llegado el caso, han de ejecutarlas.

Pero no ha sido suficiente. Las medidas que se han tomado hasta el momento, como limitar la velocidad en las rondas de Barcelona a 80 km/h (desechada por ineficaz), Madrid Central o los distintos escenarios de restricción circulatoria no han evitado el incumplimiento de la norma europea.

El alcalde de Madrid no se da por aludido, pese a haber querido suspender Madrid Central hasta que dos tribunales le obligaron a restablecerlo

Madrid, Barcelona y el área de El Prat de Llobregat son los puntos negros. En el caso de Madrid la contaminación está estimulada por el aeropuerto, y en Barcelona por el aeropuerto de El Prat y por el puerto de Barcelona. Los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) están fuera de control, y el tráfico rodado es uno de los principales responsables.

Ahora mismo nueve países comunitarios tienen abiertos expedientes de infracción, que son Alemania, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, República Checa, Reino Unido, Rumanía... y también España. En 2018 fueron denunciados ante el TJUE Alemania, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido y Rumanía. Ahora nos toca a nosotros.

Tráfico en la Plaza de España (Barcelona). Fotografía: Circula Seguro (Flickr) CC BY

La denuncia ante el TJUE no implica automáticamente que el país vaya a ser sancionado, antes tiene que haber una sentencia, un plazo para corregir la situación y, acabado este, las multas. El importe de la sanción está condicionado a tres variables, por lo que es difícil calcular su cuantía, pero de 5,29 millones de euros no bajaría:

• La importancia de la norma comunitaria infringida y sus repercusiones
• El tiempo que se ha infringido la norma
• La capacidad de pago de cada Estado para que sea una cantidad disuasoria, no confiscatoria

Y en el caso de haber multa, la vamos a pagar entre todos, residentes de Madrid, Barcelona, y todos los demás. Lamentablemente, no se pueden hacer muchas cosas a nivel del Estado porque estamos en una situación de parálisis política que no tiene visos de resolverse pronto. El aspirante a la presidencia, Pedro Sánchez, sigue sin una mayoría sólida para cambiar las cosas y es posible que vayamos a nuevas elecciones en noviembre.

Fachada del Ministerio para la Transición Ecológica

Y es que durante la pasada legislatura se iniciaron los trámites para promover la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) por parte del PSOE, cuyos objetivos son reducir las emisiones, tanto las de cambio climático (principalmente CO2), como las de gases perjudiciales directamente a la salud, como los NOx o las partículas (PM). Pero para eso hacen falta mayorías en el Congreso y el Senado.

También habría que pedir responsabilidades a todos aquellos ayuntamientos donde no se están cumpliendo los límites legales que ya están definidos por la ley del 2007. Seguramente el motivo principal de esta parálisis es evitar acciones impopulares que luego tengan un coste electoral.

Mientras tanto, el reloj corre, y como el país entero tenga que pagar una multa también habrá un coste electoral. La patata caliente le quemará en algún momento a algún político, eso está claro. Confiemos en que el TJUE nos dé tiempo para corregir la elevada contaminación que, obviamente, no está beneficiando a nadie.