Los datos que muestran la errónea política de infraestructura de carga para coches eléctricos en España

El Gobierno busca convertir a España en un hub de movilidad eléctrica, es decir, un entorno que sea capaz de brindar una oferta diversa y de alta calidad de servicios de movilidad eléctrica.

Dicha aspiración viene reflejada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que propone alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos para 2030. Sin embargo, este ambicioso plan se enfrenta a obstáculos, algunos de los más importantes guardan relación con la infraestructura de recarga.

Paralelamente, un nuevo reglamento europeo, el Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) implementado en octubre de 2023, busca impulsar la instalación de cargadores públicos a lo largo de las carreteras y en las ciudades.

España, un país único que necesita una estrategia diferente

Un informe realizado por Transport & Environment (T&E) ha analizado el estado actual de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en España. Y ha detectado varios inconvenientes a solucionar.

Y es que, a pesar de la legislación y el aumento de vehículos eléctricos en nuestras carreteras, España debe hacer frente a desafíos únicos debido a sus características geográficas y demográficas.

Por un lado, la baja densidad de población en gran parte del territorio dificulta la rentabilidad de los cargadores públicos, lo que destaca la necesidad de puntos de recarga en zonas despobladas.

Relacionado con eso, las distancias entre las principales ciudades peninsulares presentan desafíos, ya que solo el 44 % de las conexiones son inferiores a 500 km, subrayando la dispersión y la distancia entre las áreas metropolitanas.

Este contexto evidencia la complejidad de acelerar la electrificación en España y la importancia de abordar los desafíos específicos del país, incluyendo la necesidad de puntos de recarga en áreas despobladas y la consideración de las distancias entre ciudades en el desarrollo de la infraestructura de movilidad eléctrica.

«España es diferente del resto de países europeos, por su topografía y su densidad de población, y como tal necesita soluciones propias. Es necesario un plan que se ajuste a la realidad española», asegura Óscar Pulido, responsable del Programa de Electrificación de Flotas de T&E.

«Disponer de puntos de recarga en zonas de baja densidad de población y en especial en todas las principales carreteras del país es clave para facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades, así como dar la posibilidad a empresas y profesionales a operar en esas zonas con vehículos eléctricos», insiste Óscar Pulido.

AFIR

El Reglamento sobre Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIR) de la Unión Europea establece objetivos para la instalación de estaciones públicas de recarga de vehículos eléctricos. En esencia, se basa en dos metas: una vinculada al parque de vehículos y otra a la distancia.

La meta del parque requiere que cada Estado miembro proporcione al menos 1,3 kW de potencia de carga por vehículo eléctrico ligero de batería y 0,80 kW para vehículos híbridos enchufables. La cantidad total de capacidad de carga se calcula según el número de vehículos eléctricos matriculados.

Además, se establece un objetivo basado en la distancia, que impone la instalación de estaciones de recarga a intervalos específicos a lo largo de las redes de carreteras primarias y secundarias de la Red Transeuropea de Transporte.

Pero AFIR no especifica la ubicación precisa de la infraestructura de recarga, lo que podría resultar en un despliegue desigual. Para abordar esto, T&E recomienda asignar objetivos a nivel provincial para lograr una distribución más equitativa.

Aunque la adopción de vehículos eléctricos puede variar entre provincias, esta estrategia asegura una cobertura mínima en todo el territorio, fomentando un despliegue equilibrado y completo de la infraestructura de recarga. Además, se destaca la importancia del mercado para impulsar la provisión de infraestructura adicional en lugares con mayor demanda.

Sin embargo, cada vez queda más claro que dejar la estrategia de desarrollo de las infraestructuras de recarga en manos del mercado libre acaba otorgando prioridad a las zonas rentables para las empresas, al tiempo que la España menos poblada queda desatendida.

Qué dicen los datos

El informe de Transport & Environment determina que en España existen actualmente 18.729 cargadores con una potencia media de carga de 35,5 kW. De este modo, el porcentaje de requisitos AFIR alcanzados en 2023 es del 173 %, para 2027 del 43 % y para 2030 del 14%.

Por tanto, si este año fuera el momento de cumplir con la normativa AFIR, España estaría cerca de alcanzar los objetivos establecidos para la potencia de recarga desplegada.

Sin embargo, al observar los datos proyectados para el año 2027, el cual marca el inicio del cumplimiento normativo, se identifica la necesidad de aumentar la potencia de recarga en más de 2,3 veces. Este aumento se debe al crecimiento continuo en el número de vehículos eléctricos, que cada año logran una mayor cuota de ventas.

El informe recuerda que el Gobierno de España estableció objetivos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, inicialmente fijando 5 millones de vehículos eléctricos y luego elevado a 5,5 millones en una versión no aprobada. Por tanto, si se cumplen estos objetivos, se requerirá desplegar una mayor potencia de recarga para 2030.

Conclusiones que retratan la realidad de la infraestructura de carga en España

La conclusión es que aproximadamente el 15 % de los cargadores públicos se encuentran en provincias que conjuntamente suponen casi el 50 % del territorio nacional peninsular. Esto no hace más que confirmar que España necesita un enfoque diferente y único a nivel europeo.

Las provincias líderes en número de cargadores en España son Madrid y Barcelona, representando el 28 % de todos los cargadores. Aunque esta concentración se corresponde con el tamaño del parque automovilístico, estas dos provincias abarcan sólo el 3 % del territorio.

El 10 % de la población vive en el 70 % del territorio, creando la necesidad de un enfoque diferente a nivel europeo. Aunque desplegar más cargadores en áreas con mayor parque automovilístico es necesario, debe ir acompañado de un despliegue razonable en zonas de menor densidad, esenciales para viajes de larga distancia y transporte profesional.

Factores como el tipo de vivienda son críticos; por ejemplo, el 65 % de los hogares en España vive en edificios con tres o más viviendas. Diferencias significativas entre provincias en este aspecto influyen en la planificación de la infraestructura de recarga. Además, ciertas provincias con fuerte enfoque turístico y segundas residencias experimentan un aumento temporal de población en verano, aumentando la demanda de cargadores.

Los indicadores, como el porcentaje de cumplimiento del AFIR a nivel provincial, la potencia media de recarga, vehículos por cargador y kilómetros cuadrados por cargador, no son definidores por separado. Deben analizarse conjuntamente para planificar adecuadamente la ubicación, cantidad y potencia de la infraestructura de recarga.

Aunque el AFIR es una base sólida, cumplir sólo con sus requisitos no es suficiente para España, ya que los objetivos son a nivel nacional y no especifican la distribución de la potencia de recarga dentro del país. Esto podría concentrar la potencia en grandes ciudades, dejando sin cobertura áreas de baja densidad y retrasando la transición hacia vehículos de cero emisiones.

Para abordar los desafíos que el desarrollo de la infraestructura de carga presente en España, T&E recomienda a España enfrentarse a la necesidad de diseñar un plan estratégico considerando sus características geográficas y demográficas únicas, en lugar de limitarse a imitar modelos genéricos.

Fuente: Transport & Environment