Los desafíos del automóvil y el próximo Gobierno de España
Con las elecciones generales ya convocadas, está claro que a partir de mayo habrá un nuevo ejecutivo en España, salga quien salga. Varias de las medidas estrella del PSOE, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se han quedado en papel mojado... temporalmente.
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Publicado: 16/02/2019 21:00
En los meses que ha durado el Gobierno del PSOE desde la moción de censura se han anunciado medidas que han tenido más calado mediático que acciones concretas: prohibición de matricular vehículos térmicos en 2040, apostar a saco por las renovables, subir los impuestos al gasóleo o promover la instalación de miles de puntos de carga para eléctricos.
Ninguna de esas medidas ha llegado a implantarse, ya que los apoyos parlamentarios con los que contaba el Gobierno de España eran claramente insuficientes. Dependerá mucho de quién gane las elecciones generales, pero habrá que legislar al respecto, le guste o no le guste a quien esté en La Moncloa.
Para empezar, España tendrá que hacer frente -como mínimo- a las mismas regulaciones que la Unión Europea. El ente supranacional ya determinó que el 35% de los vehículos que se matriculen en 2030 tendrá que ser forzosamente eléctrico. Además, las emisiones medias de CO2 por fabricante serán muy bajas.
Eso obliga a prácticamente todos los fabricantes -salvo Tesla y smart, que ya serán 100% eléctricos en 2020- a implantar hibridación y electrificación de forma masiva en sus gamas. Con motores gasolina y diésel convencionales, lograr medias de menos de 90 g/km de CO2 es hartísimo complicado.
Sin hibridación, sería imperativo reducir a la mínima expresión el peso de los vehículos, lo cual tendría implicaciones negativas en la seguridad vial a menos que se haga un uso intensivo de caros materiales compuestos de alta resistencia torsional y baja masa. Esa solución queda fuera del alcance de los bolsillos de los compradores de coches económicos.
Los fabricantes ya tienen en cuenta que el vehículo eléctrico será clave para lograr esos objetivos de reducción de emisiones de CO2. Los europeos nos iremos acostumbrando a que haya cada vez más vehículos eléctricos, más híbridos enchufables y más híbridos/semihíbridos. Los gasolina y diésel sin hibridar se convertirán pronto en una anécdota en ventas.
Por lo tanto, aunque el próximo Gobierno no establezca objetivos de descarbonización masivos para 2040-2050, la oferta de modelos de los fabricantes irá en esa línea. Basta con que los principales mercados, como el alemán, francés o italiano quieran hacerlo como para condicionar a los demás. El británico lo dejamos de momento en suspenso por la inminencia del "Brexit".
Diversos países ya han hecho anuncios para empezar a prohibir la combustión interna convencional -e híbridos- para 2025-2040, y eso también incluye a los modelos impulsados por gas (GNC/GLP). La contracción que supondrá eso en los mercados europeos obligará a los fabricantes a tener más eléctricos en su cartera, o sus ventas se las llevarán otros.
Lo más probable es que, salga quien salga ganador en las próximas elecciones, tenga que alinearse a los demás mercados europeos. Además, la industria española -la segunda que más automóviles produce en Europa tras Alemania- tendrá que fabricar más modelos eléctricos para atender a la demanda. Cuando se produzca la paridad en precios, las ventas subirán considerablemente.
Por otro lado, aunque el siguiente Gobierno no apueste de forma decicida por los puntos de carga públicos o reforme las leyes para que su instalación sea obligatoria, será el sector privado el que dará ese empujón. Dos de las principales eléctricas, Endesa e Iberdrola, planean instalar decenas de miles de puntos de carga en España, lo cual hará a los eléctricos viables incluso para viajar.
Lo que ya no esté tan claro es que a partir de una fecha -2050 era la planteada para el PSOE- se prohibiese la circulación de los vehículos de combustión interna, salvo que sean clásicos (es decir, fabricados antes de 2020) catalogados como tales. Mientras el país no exceda los límites de emisiones de CO2 marcados por Bruselas, no será necesario. En cuanto a las ciudades, sí veremos más movimientos en ese sentido.
Las poblaciones de más de 100.000 habitantes están obligadas por ley a medir la contaminación y a tomar medidas para reducirla. Eso, obviamente, también tendrá que ver con los alcaldes que salgan elegidos en las próximas municipales, autonómicas y europeas a finales de mayo. El futuro del automóvil y la movilidad tendrá mucho que ver con ello, así que hay que informarse muy bien sobre qué estamos votando, y, desde luego, no quedarnos en casa.