Ecologistas y organizaciones sociales piden que Barcelona cobre un peaje diario de 4 euros a vehículos privados

Una de las medidas estrella del actual gobierno local de Barcelona fue establecer la Zona de Bajas Emisiones en el Área Metropolitana dejando fuera de la circulación a los vehículos sin etiqueta salvo en rondas principales y excepciones. Ni dos años estuvo en vigor hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la medida.

Esta vez la propuesta viene de fuera y se ha inspirado en ciudades como Londres, Milán, Estocolmo u Oslo, que cobran por entrar a la ciudad como una forma de disuadir del uso del vehículo privado. En teoría no es por recaudar, que también, sino para incentivar el uso del transporte público y fomentar formas más saludables de transporte.

La marca «Barcelona 22» agrupa a la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció de Catalunya, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, Xarxa per la Justícia Climàtica, Catalunya Camina y la Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit; son ecologistas y organizaciones sociales.

La Zona de Bajas Emisiones impedía la entrada al interior de la ciudad a los vehículos sin el distintivo ambiental

La propuesta es sencilla, utilizar el sistema de cámaras existente para cobrar un peaje electrónico a los vehículos que circulan por Barcelona, aunque como siempre habría excepciones. Para empezar, habría 10 días de gracia a lo largo del año, que habría que solicitar previamente, como ocurría con la ZBE tumbada por la Justicia.

También estarían exentos los vehículos de alta ocupación (VAO) como turismos compartidos o autobuses, VTC y taxis o trabajadores de bajos ingresos que necesiten moverse para trabajar. Afectaría tanto a residentes de Barcelona como a foráneos, y no, los vehículos eléctricos no se quedarían libres de la tasa.

Y eso no sería todo, pues la propuesta va más allá: potenciar el transporte público, aumentar el espacio destinado a carriles bici -a ser posible de una sola dirección- o eliminar las autovías urbanas. La plataforma cree que se podrían recaudar 370 millones de euros al año, de los que el 10% se destinaría a salud pública.

A corto plazo, la mejora en el transporte público afectaría a los autobuses, quedando en último lugar las mejoras posibles en Rodalies (trenes de Cercanías en Cataluña). Las primeras reacciones de los políticos responsables de la cuestión han sido en general positivas, aunque sin entrar en detalle por no tener tiempo para estudiar la propuesta a fondo.

La plataforma Barcelona 22 cree que las medidas serán impopulares durante un tiempo, hasta que se gane el apoyo social una vez sean ejecutadas, dicen que así ha sido en las ciudades europeas con sistemas similares. Implantar estas medidas precisaría hacer algunos cambios legales y que las distintas administraciones colaboren entre ellas.

Parte de la justificación de este abanico de medidas viene de una encuesta de opinión del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), donde más de la mitad -mayoría simple, 51%- se han mostrado favorables a la implantación de un peaje para disuadir de utilizar el vehículo privado donde hay buenas combinaciones de transporte público.

Como siempre, encontraremos voces discordantes más allá de lo evidente. Por ejemplo, tenemos a Jaume Casañas, alcalde de Cunit y conseller en el Consell Comarcal del Baix Penedès. Se preguntó en Twitter si ellos pueden cobrar 20 euros de peaje a los vehículos de Barcelona que entren en su comarca. Esta comarca no está tan bien comunicada con Barcelona.

Se da la circuntancia de que Cataluña es la autonomía con una de las presiones fiscales más elevadas para el automovilista, pues a todos los impuestos conocidos en el resto del país hay que sumar otros como la tasa anual por emisiones de CO2 desde 2020. El área de Barcelona está saturadísima de vehículos en relación a su tamaño, dadas las fronteras naturales que tiene.

Toda medida que limite la movilidad individual -como uno quiera- será impopular y está bien que la propuesta se estudie para encontrar márgenes de mejora y que mejore la convivencia entre los habitantes de las ciudades y los vehículos. También hay que tener en cuenta aspectos como qué renta per cápita tienen los habitantes de ciudades europeas con experiencias similares, que esa esa otra.