El taxi declara la tregua en agosto
La calma ha vuelto a las calles españolas en plena temporada turística. Los taxistas han vuelto al trabajo con la promesa de que el Gobierno se ocupará de parte de sus reivindicaciones en septiembre. Mientras tanto, los VTC han ganado notoriedad y popularidad.
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Publicado: 04/08/2018 21:00
Durante esta semana hemos vivido el cénit y el declive de la última campaña de protesta del sector del taxi, que ha protagonizado durante varios días un cierre patronal -técnicamente no es una huelga- en las grandes ciudades españolas. El conflicto ha sido más intenso en Madrid y Barcelona, con vías principales inutilizadas por un atasco de taxis acampando.
El "15-M de los taxistas" se ha cerrado temporalmente, primero los profesionales de Barcelona decididieron volver a trabajar. Les siguieron los colegas madrileños y fueron contagiando la reactivación del servicio en cascada por el resto del país. Ya han conseguido un compromiso del Gobierno del PSOE.
Después de haberse reunido representantes del Gobierno con los de los taxistas (lunes), los VTC (martes) y la Conferencia Nacional del Transporte (miércoles), el apaño será trasladar a las autonomías que lo deseen una mayor capacidad normativa para regular las licencias de transporte. No puede ser un traslado de competencias, lo impide la propia Constitución.
Los vaivenes normativos entre 2009 y 2015 han generado un problema de muy difícil solución. Hasta que no salió la Ley Ómnibus -que se adaptaba a una normativa europea, una directiva- no podía haber más de una licencia VTC por cada 30 de taxi. Esa relación quedó completamente superada hace tiempo.
Aunque el ratio 1/30 se reestableció bajo el Gobierno del PP, de facto ya no se puede cumplir. "Sobran" licencias VTC y los tribunales aún están concediendo más licencias que se pidieron cuanto fue legal. No basta con no conceder Fomento más licencias, y no se pueden ir revocando así como así.
Los taxistas han exigido estos días que los ayuntamientos y las autonomías tengan capacidad de hacer efectivo el ratio 1/30 con una segunda licencia. Los taxis se encuentran regulados por ayuntamientos y autonomías, a diferencia de los VTC, que están regulados por el Ministerio de Fomento.
A partir de septiembre habrá una reforma legal -seguramente vía Real Decreto- para que las autonomías que lo deseen ganen músculo jurídico para tratar de poner paz en el sector del transporte. Las que rehusen hacerlo se regularán como hasta ahora, con la normativa nacional.
Fue precisamente porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) denegó a Barcelona la capacidad de imponer una segunda licencia cuando los taxistas reactivaron sus protestas y reclamaciones. Es decir, si la ley actual no sirve para satisfacer a los taxistas, habrá que cambiarla.
Los profesionales del gremio -al menos una buena parte- se han sentido fuertes mediante protestas que no estaban amparadas mediante autorización administrativa. Técnicamente se les podría haber multado a todos por obstruir la circulación, de la misma forma que en algunos lugares se han sancionado a taxistas por taponar el tráfico rodando deliberadamente despacio.
El tono de las amenazas llegó a subir bastante, con la posibilidad de bloquear al tráfico estructuras vitales como el puerto de Barcelona o el paso fronterizo con Francia. Paralelamente, las aplicaciones Uber y Cabify se han convertido en las más populares de Apple Store y Google Play en nuestro país.
Pedro Sánchez y el Gobierno de España no tienen mucho margen de maniobra. Este problema viene heredado por la gestión de los anteriores presidentes, José Luis Rodríguez Zapatero (por abolir en la práctica el ratio 1/30) y Mariano Rajoy Brey (por reestablecerla). Los apoyos parlamentarios en el Congreso no es que les sobren, especialmente para reformas de calado.
El ratio 1/30 viene de 1987, cuando los VTC eran básicamente chóferes de limusina. No había aplicaciones en el móvil para pedir un VTC como el que pide un taxi. Hoy día el ratio 1/30 se mantiene como un vestigio en el que el sector del taxi ejercía el monopolio del transporte de pasajeros en vehículos de turismo y furgonetas de un lado a otro.
Forzar ese límite de nuevo a efectos prácticos puede ir en contra de los intereses de los consumidores. Cada vez más gente se decanta por los servicios de los VTC en vez de por los taxistas. El sector necesita una transformación para competir en esta realidad, las protestas y las manifestaciones son otra cosa.
Otro aspecto de estos días de protesta han pasado algo desapercibidos, como es la nacionalidad de los impuestos que paga Cabify. La empresa española ha anunciado que cambiará su sede fiscal a España, pues la empresa matriz está domiciliada en Delaware (EEUU) porque fue una exigencia para financiarse en su día. Uber liquida sus impuestos en una sociedad holandesa. Las empresas de VTC liquidan todo en España.
Cabify quiere desterrar el argumento de que "no paga sus impuestos en España"
Estas dos empresas no hacen nada distinto a Facebook, Apple, Google y demás empresas tecnológicas -o de otro tipo- que operan en Europa. Instauran su sede donde es más cómodo a efectos fiscales y en Europa hay libertad de movimiento de personas, mercancías y servicios. Nos gustará más, o menos, pero es totalmente legal.