Europa endurecerá las homologaciones con severas pruebas de emisiones

Parece todo un desafío el que mantienen los fabricantes con la Unión Europea. Los valores promedio de las emisiones de CO2 continúa en niveles tan elevados que a la gran mayoría le será imposible cumplir con los límites y evitar las grandes sanciones previstas. Europa ha dado un margen significativo a las marcas para que inviertan en tecnología y reduzcan sus cifras, pero no se están cumpliendo.

Hoy, con una media de 127,6 gramos por kilómetro, y cuando el límite máximo en el promedio de la gama debe de ser de 95 g/km, la amplia diferencia es un claro indicativo de que pocos evitarán las multas, una situación que se achaca a los SUV y todoterrenos por su elevado peso. Aunque algunas marcas ofrecen variantes mecánicas híbridas y enchufables, el peso añadido de la batería merma la eficiencia.

Y la Unión Europea no es tonta, viene de lejos observando los movimientos y la situación que no tiene pinta de cambiar. La medida no es nueva, se estableció en mayo de 2018, pero entrará en vigor el próximo 1 de septiembre: se realizarán pruebas en cada uno de los 27 países de la Comunidad Europea para verificar las emisiones reales, con una sanción prevista de hasta 30.000 Euros por unidad que no cumpla con el límite de emisiones.

Con más detalle, la nueva norma de la Unión Europea establece que cada país realizará una prueba de verificación de emisiones a una unidad por cada 40.000 matriculadas en el año anterior, en carretera y bajo el procedimiento de pruebas RDE. Las mencionadas pruebas serán realizadas por laboratorios acreditados por Europa y por el Ministerio de Industria en España, que validará la comercialización o no del modelo.

De esta manera, la comisión europea pretende evitar un nuevo "dieselgate", ya que la homologación de un modelo en un país europeo permite las ventas en todos los demás mercados del Viejo Continente. Con el análisis en cada país, se evitará una situación como la sufrida anteriormente, siendo cada país el que decida si se puede comercializar en su mercado o no, e imponer la sanción al fabricante por incumplimiento. Eso sí, la potestad para que sea la máxima de 30.000 Euros queda reservada al organismo europeo.

Fuente: Comisión Europea