Europa se unió para frenar a las marcas chinas, pero ahora los países se rebelan contra los límites de CO2

Europa está dividida en materia automovilística. Los últimos acontecimientos siguen demostrándolo: desde la imposición de los aranceles a la exportación de coches eléctricos desde China, hasta los límites de emisiones de CO2 que deberán afrontar las propias marcas.

En los últimos años, han sido los propios fabricantes los que han tenido que presionar por su cuenta para evitar situaciones en las que se veían realmente comprometidos, como sucedió en su día con la implementación de las normativas WLTP o con la más reciente Euro 7, retrasada hasta el 2030.

Sin embargo, la normativa llamada 'CAFE' instauró en 2019 un plan para ir reduciendo progresivamente los límites de emisiones medias que las marcas debían lograr con sus coches nuevos vendidos. En 2025 entrará en vigor la última actualización, con una reducción del 15% respecto a los niveles previos instaurados en 2020.

Y las cosas no pintan muy bien para los fabricantes, que deberán pagar 95 euros por cada gramo que excedan multiplicado por el número de vehículos vendidos, sobre el límite impuesto de 94 g/km de CO2. La industria calcula que deberán afrontar entre 10.000 y 16.000 millones de euros en estas sanciones.

Los países salen al rescate de las marcas

La polémica generada en torno a los aranceles contra las marcas chinas y la debilidad del mercado de coches eléctricos en Europa, que presenta números rojos en lo que va de año, parece haber unido a fabricantes y gobernantes, que en algunos casos formaron coaliciones para presionar a favor o en contra de determinadas decisiones.

La última tiene que ver precisamente con los límites de CO2. Los líderes políticos se han dado cuenta que, en caso de afrontar altas sanciones, las marcas podrán invertir menos dinero en desarrollar y potenciar sus coches eléctricos, lo que perjudicaría a la carrera por descarbonizar el transporte en Europa.

Francia e Italia, dos de los 'cabecillas' a favor de los aranceles antes mencionados, buscan ahora aliados para presionar a Europa en la próxima reunión de la UE en Budapest. Algunos países del este como Rumanía, hogar de Dacia, así como la República Checa, con Skoda como su máximo eslabón, ya se han posicionado a favor del frente común generado por París y Roma.

El Pacto Verde en Europa sigue cuestionado con el trasfondo de la prohibición de la venta de coches de combustión de cara al 2035. Sin querer renunciar al objetivo de electrificar el parque automovilístico, el gobierno francés advierte del peligro si las marcas deben afrontar cuantiosas multas.

«Los fabricantes comprometidos con la electrificación de los vehículos no deberían tener que pagar multas», comentó el ministro de Economía del país galo, Antoine Armand, a medios franceses. «Francia quiere que la Comisión Europea proponga una solución específica para que los actores verdaderamente comprometidos con la transición hacia el coche eléctrico no tengan que pagar una multa hasta después 2025, sin cuestionar la trayectoria de descarbonización de la movilidad».

Las marcas, también divididas

Hablando de frentes, entre los fabricantes de coches también hay división. En un extremo, el CEO de Renault y a su vez de ACEA, Luca de Meo, que lleva semanas advirtiendo del peligro de los nuevos límites de emisiones y rogando por medidas transitorias.

En el otro frente está el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, quien a pesar de no cumplir todavía con los límites de CO2, ha pedido que no se modifiquen los planes. «Sería surrealista cambiar las reglas ahora. Todo el mundo conoce las reglas desde hace mucho tiempo y ha tenido tiempo para prepararse», defendió recientemente.

Fuente: Automotive NewsFotos: Freepik