El Gobierno estudia tributos para las indemnizaciones por accidente de tráfico

La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), ha denunciado la modificación de la Disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que fue firmada por el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha sido aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre de 2020.

Y es que, según denuncia dicha asociación, se ha realizado «a escondidas» una modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que en la práctica abre la puerta a recaudar impuestos con las indemnizaciones que las víctimas de siniestros viales reciben.

ANAVA-RC manifiesta su «radical oposición», pues «no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para las víctimas»

ANAVA-RC ha comunicado que ha enviado sendos escritos de protesta al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández Álvarez y al director general de Seguros, Sergio Álvarez Camiña, en los que manifiesta su «radical oposición» a la modificación, «que no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para estas víctimas, para los perjudicados en caso de fallecimiento e incluso para las aseguradoras».

Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC, reitera que la modificación «no tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación, lamentablemente, sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima en la misma posición que estaba antes de tener el accidente».

Aumento de costes

Paralelamente, la asociación presidida por Castellanos ha denunciado que el anteproyecto de Ley introduce cambios en el procedimiento de los trámites de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y los perjudicados.

Esto, en la práctica, provocará que se «incrementen los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada ‘tercero neutral’», sin que en el texto se detalle la función de este tercer interviniente, exigiendo además escritura pública cuando el pago es realizado por una entidad aseguradora.

Finalmente, ANAVA-RC ha alertado de que, al tributar las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos, se generará un aumento de los litigios, «pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más si cabe a la ya desbordada administración de Justicia».

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Fuente: ANAVA-RC