La Generalitat catalana aprueba el decreto "anti VTC"

Rueda de prensa de la Generalitat de hoy, con Elsa Artadi (izq.) y Damià Calvet (dcha.)

El conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, presentó hoy el decreto que va a entrar en vigor el viernes; el jueves se publica en el DOGC. El texto legal implica un desastre para las más de 2.000 licencias de VTC que hay en Cataluña, la gran mayoría en Barcelona y trabajando para las plataformas Uber y Cabify, que conectan con los clientes.

El decreto "anti VTC" tiene tres condiciones que convierten en inasumible el modelo de negocio actual en Cataluña:

• Habrá un plazo mínimo de 15 minutos para contratarlos (cada ayuntamiento podrá incrementarlo si quiere)
• Se prohibe la geolocalización
• Los vehículos solo podrán circular desde su base hasta el cliente, con el cliente, o de vuelta a la base; no aparcarán en superficie

Estas medidas implican una involución no solo a nivel de España, también a nivel europeo. No existe una limitación similar para los VTC. Este decreto no tiene ninguna relación con la salida de Uber en 2014 de Cataluña, cuando operaba con su modelo de conductores particulares -UberPOP- que no tiene encaje legal en toda España. Uber regresó en 2018 a la ciudad condal, donde ya estaba trabajando Cabify, con conductores profesionales (VTC).

Los taxistas han estado presionando durante los últimos días en Barcelona para exigir, entre otras cosas, la contratación previa. Pedían horas, pero la Generalitat les ha dado minutos. Suficiente para que las empresas de VTC empiecen a anunciar despidos -hasta 3.000- y no renovar contratos a los conductores.

Los conductores de VTC llevan días taponando media Avenida Diagonal para protestar contra este decretazo

Dentro del relato que se mantiene desde el sector del taxi y la izquierda se habla mucho de malvadas multinacionales que se largan con el dinero a los paraísos fiscales. Menos se habla de la actividad económica que generan los VTC, los impuestos que se están recaudando y la reinserción de trabajadores que lo tenían crudo para encontrar trabajo: mayores de 45 años.

También se habla mucho de que estas multinacionales explotan a sus trabajadores. En cambio, cuando se pregunta a estos, responden que prefieren trabajar a estar parados, y que con lo que ganan -800 a 1.000 euros hacia arriba- sacan adelante a sus familias, aunque trabajen 12 horas diarias. Hay taxistas que trabajan más, tanto autónomos como asalariados, y sacan menos en limpio tras quitar gastos.

El cliente típico de un VTC usa sus servicios porque los prefiere, ya sabe que existen los taxis, que hay aplicaciones para pedirlos, radiotaxi, o levantar la mano en cualquier calle para parar uno. El trasvase de clientela es por el servicio, no por el precio, ya que la diferencia puede ser inexistente. En Change.org se han recopilado casi 150.000 firmas contra la acción de la Generalitat.

Con el decretazo catalán se relega la actividad de las VTC prácticamente a la figura que había antes de la llegada de estas aplicaciones: limusinas, coches fúnebres o servicios que se piden con antelación sobre todo para empresas. Eliminar la geolocalización es como meterles palos en las ruedas.

El sector VTC analizará el decreto tan pronto se publique y tomará medidas

Más adelante la Generalitat emitirá una ley, es decir, una norma jurídica de rango superior. Desde el sector de las VTC tienen claro que van a querellarse por el daño, y como haya que indemnizarles, el dinero con el que se pagará es público. En el lado contrario, Madrid se niega a hacer cambios que implique futuras indemnizaciones.

Los usuarios de Uber y Cabify que dejen de tener acceso a este servicio no van a volver todos a usar taxis, la desafección entre clientela y taxistas sigue creciendo. Eso es lo que los taxistas deben atajar: entender por qué pierden clientes si no es una cuestión de precio, y competir con los VTC. Previsiblemente esto llegará a los tribunales, y ya veremos a quién dan la razón.

Unauto ha denunciado más de 250 ataques y agresiones durante el cierre patronal del taxi en Barcelona

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo tiene claro: restringir la competencia artificialmente implicará mayores precios, peor servicio y mayores tiempos de espera. No solo van a salir perjudicados los que amasan licencias VTC (autorizaciones de transporte), sino los trabajadores y los propios usuarios.

Para asegurar el cumplimiento de la nueva norma, la Generalitat pondrá en marcha un registro donde quedará constancia de cada servicio, cuánto ha durado y lo que ha costado. También se controlará que no se usa la geolocalización, y que los vehículos VTC no circulan vacíos mientras esperan servicios.

Fuente: Generalitat de Catalunya (en castellano)