La Ley de Movilidad Sostenible, que pretende transformar por completo las ciudades, a un paso de ser aprobada

María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, ha confirmado que la intención del Gobierno pasa por aprobar la nueva Ley de Movilidad Sostenible este mismo año.

«La movilidad sostenible es un compromiso que hay que hacer transversal a toda la sociedad», afirma la secretaria general, reconociendo que al ejecutivo le gustaría que la aprobación de la nueva ley fuera «más en noviembre que en diciembre».

Se buscará priorizar la movilidad activa, es decir, a los peatones, las bicicletas y otros VMP

María José Rallo confirma también que el texto «ha pasado ya por la revisión de todos los ministerios», en una entrevista concedida a Business Insider. «Hemos tenido puntos de contacto incluso con partidos políticos para ver si había algún elemento que fuera especialmente conflictivo».

«Creemos que esta no es una ley que pretenda tener un contenido ideológico muy relevante, porque lo que estamos haciendo es alinearnos con los grandes objetivos internacionales», amplía, afirmando que «es una cuestión de tener en España el marco que casi nos pide la ONU, la OCDE, la Unión Europea, una cosa que hasta ahora no teníamos».

Qué es la Ley de Movilidad Sostenible

El principal objetivo de la nueva Ley de Movilidad Sostenible es crear ciudades que prioricen la movilidad activa y el transporte colectivo, ya que considera que ambas son las opciones más saludables y exentas de emisiones.

Para ello, esta ley se basa en cuatro pilares básicos: la sostenibilidad, la descarbonización, la digitalización y la cohesión social y territorial. Además, se prevé la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, un mecanismo de coordinación entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

1. Movilidad como derecho social
   1. Situar al ciudadano en el centro de las políticas públicas
   2. Facilitar una movilidad inclusiva y universal
   3. Implementar soluciones de movilidad para todas las personas, vivan donde vivan
   4. Priorizar el dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana.
2. Movilidad limpia y saludable
   1. Impulsar movilidad más limpia, respetuosa con la salud y el medio ambiente, especialmente en los entornos urbanos
   2. Promover la movilidad activa a pie, en bicicleta y en Vehículos de Movilidad Personal
   3. Reforzar la sostenibilidad y resiliencia del sistema de transporte de mercancías
3. Sistema de transporte digital e innovador
   1. Impulsar la digitalización del transporte para un mejor servicio al ciudadano
   2. Promover la implantación de soluciones innovadoras de movilidad
4. Inversión al servicio de los ciudadanos
   1. Ajustar la importancia de la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras
   2. Reforzar la participación en la toma de decisión de las inversiones públicas
   3. Mejorar la justificación de las decisiones de inversión pública
   4. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas
   5. Garantizar la contribución del Estado en el sostenimiento del transporte urbano

Lo cierto es que no se han dado a conocer demasiadas medidas concretas y tangible con respecto a la implementación práctica de la ley. Sin embargo, ya conocemos algunos aspectos de la misma que nos permiten atisbar cómo se implementará.

Esta nueva ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas Administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

Además, mediante este texto articulado se implementarán diversas medidas recogidas en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que requieren reformas jurídicas con rango de Ley.

Una de las principales aspiraciones de esta nueva norma es contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España con la ONU, la COP21 de París y con estrategias europeas como el Pacto Verde Europeo.

Para ello, se buscará priorizar la movilidad activa, es decir, a los peatones, las bicicletas y otros VMP. A continuación, se potenciará el uso del transporte público, dejando en un segundo y tercer plano los vehículos motorizados compartidos y privados.

La Ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.

También se busca reforzar el papel de las Zonas de Bajas Emisiones, permitiendo crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor en dichas áreas.

En un ámbito más concreto, la ley establecerá la obligación a las administraciones de velar por incentivar y promover soluciones de movilidad más sostenibles. En ese ámbito, se introducirá la obligación a las empresas de más de 500 trabajadores de disponer de planes de movilidad sostenible en el trabajo.

Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.