La Ley de Transición Energética será suavizada y dará apoyos al sector

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (izda.), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 22 de febrero

Una de las medidas más controvertidas del Gobierno del PSOE, que no llega al año de vida en esta legislatura, era la de prohibir la venta de vehículos que, en 2040, tuviesen emisiones de CO2. Eso, en la práctica, restringiría el mercado exclusivamente a eléctricos puros y de hidrógeno.

Pero sabedor el Gobierno de que no va a poder sacar dicha reforma -contenida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética- lo que ha hecho es preparar el terreno para que el próximo ejecutivo saque adelante medidas suavizadas para contentar a las autoridades de Bruselas.

Dicho de otra forma, gobierne quien gobierne pasadas las elecciones, tendrá que cumplir con unos objetivos europeos de descarbonización, y ahí la ideología pintará poco. El borrador del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 ha sido enviado a Bruselas para su evaluación. Con el visto bueno de la UE, se podrá seguir adelante.

Los híbridos acabarán desapareciendo, mientras tanto, serán una forma de transición del petróleo a la electricidad

Se elimina del texto la prohibición de matricular vehículos con emisiones directas de carbono, que incluye gasolina, diésel, de gas (GLP y GNC) y cualquier tipología de híbrido. Eso sí, el Gobierno espera que en 2040 todo vehículo nuevo que se matricule sea eléctrico, sin llegar a prohibir nada.

Este planteamiento obedece más al principio de la neutralidad tecnológica, por el cual las autoridades pueden promover que haya una transición de una tecnología a otra, de forma que sea el consumidor el que elija lo que más le convenga, pero sin prohibir.

Varios países europeos han contemplado prohibiciones para vehículos térmicos para los próximos años

De hecho, el citado plan contempla también una descarbonización del sistema eléctrico español, en el que cerrarán las plantas de carbón, luego las nucleares, y las de gas se quedarán como respaldo para todo lo que las renovables no puedan aportar al sistema. Se sobredimensionará la capacidad de producción verde, por otro lado, hasta la independencia energética total

El Plan también contempla echar una manita a los fabricantes mediante un plan de ayudas, durante 2021 a 2025, con una dotación de 200 millones de euros al año (1.000 millones en total). Este presupuesto irá destinado a la ayuda de compra de vehículos eléctricos, para que en 2030 representen el 16% del parque móvil, actualmente de 34 millones de vehículos.

Además de eso, se contempla un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020, que tendrá 562 millones de euros de presupuesto para "fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada, rejuvenecimiento de las plantillas y mayor participación de la mujer y apoyo a la innovación en el sector y formación."

Este dinero serviría para que los fabricantes instalados en España se modernicen y empiecen a fabricar vehículos más limpios, de forma más eficiente, adoptando las últimas novedades tecnológicas. Como España no podrá competir a medio plazo con un Magreb africano y un Este europeo en ebullición industrial, es razonable que mejoremos la apuesta tecnológica como segundo fabricante europeo.

Si tenemos en cuenta todas las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros de hoy, la España de 2030 será más eficiente, más ecológica, más sostenible y más cercana a cumplir con las exigencias de la Unión Europea. El Viejo Continente quiere descarbonizarse antes de llegar a la segunda mitad del Siglo XXI para no contribuir a un cambio climático que no tenga vuelta atrás.

Y no solo han de reducirse las emisiones de efecto invernadero -básicamente CO2- sino las contaminantes, las que están produciendo víctimas mortales en las ciudades. La electrificación del parque móvil es sencillamente inevitable. Los consumidores acabarán dando la espalda a las tecnologías tradicionales cuando las alternativas sean más ventajosas, y para eso no queda tanto tiempo.

¿Y qué hay de la red de recarga? Las gasolineras que vendieron más de 5 millones de litros de combustible en 2018 tendrán que instalar puntos de carga de 22 kW (a 31.000 euros cada uno), que son 1.000 gasolineras (el 9% de la red). Esto supondrá para el sector de las petroleras un desembolso de unos 31 millones de euros. Si en 2030 se alcanza un parque de 5 millones de vehículos eléctricos, se calcula que el 22% de su consumo energético será ya renovable o con combustibles sintéticos.