Madrid Central es anulado finalmente por el Supremo, las multas quedarán sin efecto
Madrid Central ha acabado siendo tumbado por los tribunales a los dos años de entrar en vigor la fase sancionadora, ya que en una primera fase no se impusieron sanciones. Pero como no se hicieron bien las cosas, el Tribunal Supremo ha anulado la medida.
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Publicado: 11/05/2021 23:00
El recorrido de Madrid Central, tal y como se planteó en 2018, ha quedado anulado por la Justicia, concretamente por el Tribunal Supremo. Una de las medidas estrella del anterior gobierno municipal, el de Ahora Madrid, ha quedado sin efecto por defectos de forma. La norma nació mal.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige una fase de información previa, teniendo en cuenta el artículo 23 de la Constitución Española, cosa que no se hizo. Tampoco se aportó una memoria económica de la medida, que lo exigen las Bases de Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.
Por lo tanto, la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018 en Madrid ya estaba condenada a acabar desapareciendo si se acudía a los tribunales. Tres entidades batallaron contra la medida de la alcaldesa Manuela Carmena: la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid -estaba en la oposición- y la empresa de recursos de multas DVuelta Asistencia Legal.
Se da la circunstancia de que la Comunidad de Madrid estaba siendo gobernada por el PP, el mismo partido que ahora controla el ayuntamiento y que tuvo en su programa electoral la suspensión de la medida. Y así sucedió, durante una semana, hasta que otro tribunal dejó sin efecto dicha medida.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya fue dando pistas de lo que iba a acabar ocurriendo, ya que admitió a trámite los recursos de las tres citadas entidades. Admitir el recurso no implica ni entrar al fondo del asunto ni valorarlo.
Finalmente, el TSJM acabó fallando en contra de la medida de Madrid Central, lo que dejaba sin efecto todas las sanciones que se habían impuesto. Pero Ecologistas en Acción acudió al Tribunal Supremo, solicitando un recurso de casación para anular el fallo del tribunal autonómico. Y el TS no ha admitido a trámite dicho recurso. Por lo tanto, ahora la sentencia del TSJM es firme.
¿Qué va a pasar ahora?
De momento Madrid Central está en una especie de limbo legal, por lo que el fallo del TS no tiene que interpretarse como una especie de algarabía y regocijo colectivo, como si no existiese, ídem respecto a los botellones tras el fin del estado de alarma (el «bicho» sigue ahí).
El Ayuntamiento de Madrid no ha anunciado que las cámaras dejen de funcionar, ni que los agentes de movilidad de repente tengan que cruzarse de brazos. Puede que se sigan emitiendo sanciones, aunque luego se puedan recurrir y ganar sin problema. Los servicios jurídicos del consistorio están viendo qué opciones hay.
Tampoco está claro qué pasará con las multas, si se van a devolver automáticamente (todas las relacionadas con la ordenanza en sus artículos 21 a 25 quedarán sin efecto), si habrá que hacer algún trámite fácil en la página web del ayuntamiento, o si habrá que hacer trámites por vía contencioso-administrativa.
Lo cierto es que la medida de perimetrar parte del centro e impedir el tráfico de paso en su enorme mayoría ha tenido un efecto positivo en la salud de los habitantes de esa zona, y no se ha producido el apocalipsis de tráfico que algunos agoreros vaticinaron. No es imprescindible ir en coche al mismísimo centro, sobre todo con tantas alternativas disponibles.
Posiblemente el Ayuntamiento de Madrid tenga que poner en marcha una medida equivalente, aunque esta vez no se podrá saltar la fase de comunicación pública, y desde luego incorporar una memoria económica. El consistorio está bajo control del PP -en coalición con Ciudadanos-, y hasta ellos han reconocido los efectos positivos de Madrid Central.
A fin de cuentas, Madrid Central se implantó para mejorar la calidad del aire, para así evitar un tirón de orejas de Bruselas en forma de sanciones. Además, la legislación actual ya obliga a los municipios de más de 100.000 habitantes a controlar la contaminación, planificar cómo atajarla, y si esta sube, tomar medidas.