Habrá mayor castigo para los que provoquen accidentes, sobre todo si huyen

Bomberos realizando un simulacro de excarcelación - Fotografía: Álvaro Millán (Flickr) CC BY-ND

Dentro de poco tiempo, los infractores que conducen de forma temeraria tendrán que pensárselo dos veces. Aunque los colectivos de víctimas de accidentes de tráfico no han logrado todas sus reivindicaciones, el Código Penal será más tajante cuando se apruebe definitivamente la reforma legal.

Hasta la fecha, si un implicado en un accidente se daba a la fuga, una vez que las víctimas habían fallecido, no se considera un delito de omisión del deber de socorro. Por ello se reforma el capítulo IV del Código Penal, introduciendo el delito de abandono.

El conductor implicado en un accidente de tráfico que, salvo en caso de excepción (véase el art. 195 del CP), voluntariamente y sin que lo justifique el riesgo, abandone el lugar de los hechos, será castigado como autor de un delito de abandono. Ahora bien, se van a distinguir dos casos, que sea fortuito o debido a una acción imprudente.

En el caso de que el origen del accidente sea fortuito y se abandone a las víctimas -estén heridas o fallecidas-, la condena será de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir entre seis meses y dos años. Si es debido a imprudencia, la pena de prisión es de seis meses a cuatro años, perdiendo el derecho a conducir entre uno y cuatro años.

Los legisladores quieren sancionar la "maldad intrínseca", es decir, abandonar a las víctimas a sabiendas de que puedan estar lesionadas o fallecidas. A fin de cuentas, las víctimas tienen una expectativa de recibir ayuda. Pedir auxilio a los servicios de emergencia no cuenta como omisión del deber de socorro (art 195.2 CP).

Los jueces aplicarán, previsiblemente, el mínimo del tipo penal -la condena menos dura- si las víctimas presentan lesiones, y el máximo cuando hayan fallecido, tanto en el momento como con posterioridad al accidente. Por otro lado, será más grave provocar más de una víctima, que provocar solo una (queda como estaba).

Si se provoca un accidente en el que hay "varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves", se puede ser condenado a nueve años de cárcel. A efectos prácticos, protegerá más a los ciclistas o grupos de peatones, que a veces sufren accidentes en grupo por culpa de un automovilista.

Otra modificación de importancia es la consideración de las lesiones leves, que desde 2015 se consideraban una falta administrativa que había que pelear por la vía civil, es decir, costoso para las víctimas o sus familiares. Pasarán a considerarse delito cuando se reforme el art. 142 del CP, por lo que se juzgará por la vía penal.

Las pérdidas de puntos del carné también serán más severas

Los jueces también podrán elevar la cuantía de las penas cuando varias personas sufran lesiones que les afecten a su integridad corporal, a la salud (física y/o mental) o si un órgano queda inutilizado o se pierde. De esta forma, las imprudencias más graves serán castigadas de forma más eficiente respecto a la situación actual.

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Se considerarán imprudencias graves el conducir con exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Hasta el momento, se podían considerar esas imprudencias como falta grave, menos grave o leve. La reforma quita espacio a la interpretación, siempre será grave.

Todos los grupos políticos han aprobado estas modificaciones, salvo Bildu (abstención) y Unidos Podemos (en contra, por disconformidad). Sabiendo eso, la reforma debería pasar limpiamente el trámite en el Senado, por lo que será de aplicación tan pronto se publique en el BOE. Si el Senado rechaza el texto, volverá al Congreso y se dilatará un poco el proceso.

Esta reforma legal se inició el año pasado por iniciativa del PP. Varias noticias de impacto social provocaron presión en los legisladores para que no saliese "tan barato" provocar accidentes múltiples con víctimas o que hubiese quien le mereciese la pena darse a la fuga. Esperemos que, tras la reforma legal, veamos con menos frecuencia sucesos tan lamentables en las carreteras.

Fuente: Congreso de los Diputados