Policías locales de toda España reciben un "encargo" de Fiscalía para sancionar más

En los próximos días puede que apreciemos una mayor presión de agentes municipales en la vigilancia del tráfico, ahora que, al relajarse las medidas anti COVID, empiezan a estar un poco más disponibles. Ahora su objetivo son los conductores impíos.

Las normas de circulación están ahí y por todos deberían darse por sabidas, y en consecuencia, respetarlas. Cualquier norma sirve de poco si no se respeta, así que hay que aplicar un componente necesario: control. Y los controles derivan en sanciones para las ovejas descarriadas. Podemos leer el oficio enviado a agentes locales en este enlace.

El fiscal Bartolomé Vargas ha pedido a los agentes municipales que estén más pendientes de los excesos de velocidad urbanos, sobre todo tras el cambio normativo reciente que hace los 30 km/h en zona urbana como norma general, y los 50 km/h pasan a ser la excepción.

¡Cuidado! Parte de la señalización puede ser incorrecta. En este caso, debería ser a 20 km/h al compartir calzada vehículos y peatones

La Fiscalía General del Estado tuvo constancia de 394 condenas por exceso de velocidad en 2019, un número escaso en relación a las 48.078 condenas por exceso de alcoholemia. Estamos hablando de delitos contra la Seguridad Vial, no de sanciones administrativas (multas y puntos).

Mediante un mayor uso de radares móviles es más fácil cazar a conductores que no respeten los límites de velocidad, de una forma o de otra. Tengamos presente que, en una zona limitada a 30 km/h, circular a 90 km/h ya es un delito, pues se supera el límite urbano en 60 km/h.

De acuerdo al fiscal Vargas, «Los radares no son recaudatorios, son protectores de los conductores y evitan múltiples tragedias». Bueno, eso es bastante discutible, un radar es educativo si se advierte su presencia y provoca un cambio de conducta, no si al cabo de semanas llega una multa. ¿No es cierto, señor Vargas?

Hay que estar más pendientes de los límites de velocidad, ahora rebajados en zona urbana, ya que puede haber más controles móviles sin aviso alguno. Fotografía: Pixabay

Hablando de advertir presencias, hay aplicaciones móviles que permiten que unos conductores avisen a otros de la presencia de controles. Fiscalía también quiere saber si las aplicaciones están perturbando el normal funcionamiento de estos.

Eso se debe a que el Ministerio Fiscal está trabajando en una propuesta de reforma sancionadora, en la que probablemente se tengan en cuenta las aplicaciones «sociales» de conducción en las que se avisan de dichos controles, y penalizar su uso.

Los informes de los policías locales al respecto serán tenidos en cuenta por la Fiscalía. El órgano estatal tiene conocimiento de que estas aplicaciones se han estado utilizando durante la pandemia para sortear controles policiales con motivos de cierres locales, provinciales o autonómicos que limitaban la movilidad.

Alcoholímetro para medir la cantidad de alcohol en aire espirado

Por otro lado, Fiscalía también recuerda a los agentes que deben imputar un delito a los conductores que superen los 0,4 mg/l de alcohol en aire espirado y tengan signos claros de embriaguez, tal y como estipula la Ley, y así lo respalda la sentencia TS 292/2020 de 10 de junio. Nada nuevo bajo el sol. Por encima de 0,6 mg/l de alcohol es delito, automáticamente.

El alcohol está implicado en el 25% de todas las víctimas mortales de accidentes de tráfico

Con la progresiva vuelta a la normalidad y mayor actividad hostelera también van a volver los excesos. Durante la pandemia las víctimas de tráfico no han disminuido tan rápido como la circulación de vehículos, y Fiscalía considera que se está produciendo una relajación peligrosa al volante que ya está aumentando la siniestralidad tras el Estado de alarma.

La parte básica la entendemos todos, hay que respetar los límites de velocidad, utilizar las aplicaciones móviles con responsabilidad, acatar las normas y por supuesto no compaginar alcohol/drogas y conducción. Pese a que la mayoría seamos así, hay que estar más alerta ante una mayor presencia de controles.

Fuente: Fiscalía General del Estado