El recurso por una multa del radar más activo de España acaba en sanción… ¡para la DGT!

Una reciente sentencia judicial emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid ha propiciado un final inesperado a un recurso que en un principio no tenía muchos visos de prosperar.

Y es que un conductor decidió recurrir una multa por exceso de velocidad a su paso por el kilómetro 59,2 de la Nacional VI, zona situada en las inmediaciones del Alto del León, entre Segovia y Madrid.

La medición del radar no ha podido darse por válida, lo que invalida la multa de 300 euros y retirada de dos puntos del carnet

Dicho radar, de tipo cinemómetro, es el más activo de España y en 2017 consiguió un récord de 55,119 denuncias formuladas por exceso de velocidad en un tramo limitado a 50 km/h, según afirma AEA (Asociación de Automovilistas Europeos).

Según lo recogido en el fundamento de derecho primero de la sentencia del juzgado, «en la Orden ITC (3123/2010) se regula la verificación periódica, no sólo de los propios aparatos cinemómetros, sino también de las cabinas que constituyen su alojamiento, soporte o protección, como deriva del artículo 12 de la misma Orden, antes transcrito, pero en el expediente administrativo no consta ningún certificado o documento que garantice la obligatoria verificación de la cabina».

Dicho de otro modo, el correcto estado del soporte del radar no ha sido verificado, por lo que la medición del radar no ha podido darse por válida, lo que en la práctica invalida la infracción y su correspondiente multa de 300 euros y retirada de dos puntos del carnet de conducir.

A la DGT le toca pagar

Pero ahí no ha acabado la cosa, pues el juzgado ha obligado a la Dirección General de Tráfico a pagar las costas del juicio, que ascienden a un valor de 400 euros, poniendo en entredicho la legalidad del radar más sancionador de España y la de los casi 2400 que hay repartidos por todo el territorio nacional en la actualidad.

Y es que, según el director general de la DGT, Pere Navarro, en 2019 se formularon 4,6 millones de denuncias por infracciones de tráfico, lo que permitió al Estado recaudar la nada despreciable cifra de 500 millones de euros.

Fuente: aeaclub.org