Si no nos ponen peajes en las autovías, ¿de dónde saldrá el dinero?

El relato impuesto por el Gobierno de España durante años es que no había dinero para financiar el mantenimiento de la red de autovías en España, sobre todo a raíz del fin de las concesiones de las AP-2, AP-7, AP-4, etc. Que hacían falta 8.000 millones al año. De los 30.000 millones que pagamos los automovilistas no se habían enterado, o no se querían enterar.

La presión ha surtido efecto, y en Moncloa se han dado cuenta del elevado coste electoral que tendría semejante medida, y sobre todo considerando que la investidura de Pedro Sánchez, en el caso de que fracase la de Alberto Núñez Feijóo, va a tener un coste político inaudito en materia de cesiones a partidos minoritarios.

Lo que debemos preguntarnos es qué va a venir a continuación como el PSOE y el bloque de investidura de izquierda y nacionalistas consigan renovar otra legislatura. Desde luego, pensar que esta medida se va a suprimir a cambio de ningún otro impuesto entra dentro del terreno de la ingenuidad infantil.

Nada tenemos en claro, pero podemos ir pensando por dónde van a ir los tiros. La coalición formada por el PSOE y sus socios tienen una serie de enemigos a batir, y son los «ricos», los que «contaminan» (principio de el que contamina paga), empresarios -incluyendo autónomos de una forma o de otra-, etc. Incluso el ciudadano de a pie que no usa el transporte público por comodidad, horarios, etc.

En primer lugar, se puede rescatar una medida impopular, pero que podría acabar colando, la del «impuesto al diésel». El lector debe recordar que hay una diferencia de 9 céntimos por litro en el impuesto especial de hidrocarburos entre gasolina y gasóleo, siendo este último un combustible parcialmente bonificado, pero que a efectos de salud pública es el «enemigo número 1».

El fin de dicha bonificación podría ser progresivo, de 3 céntimos al año en 3 céntimos al año, de forma que ambos combustibles tiendan a tener más paridad, y que por tanto se descincentive el uso del gasóleo. Si no se quiere un alza generalizada de precios por transporte, tendrán que tener un trato especial con los transportistas y, a ser posible, con los autónomos.

Otro frente por el que nos podrían atizar a las carteras es por gravar determinadas características técnicas de los vehículos, sobre todo las menos eco-friendly, y me refiero a la potencia real -medida en kilovatios, no en «caballos fiscales»-, al peso, a la proyección en planta (largo por ancho), incluso la altura -como hacen en Portugal-, o una suma de todo.

La potencia fiscal basada en cilindrada es un instrumento obsoleto, sobre todo en la era del «downsizing» y los híbridos enchufables

Semejante esquema de impuestos no solo metería un palo a todo lo que sea potente, pesado o grande, también a una categoría de vehículos que está especialmente mimada desde hace tiempo, los coches eléctricos. Cada vez nos escandaliza menos que la última novedad pese más de 2 toneladas.

Y sería algo peliagudo, porque para que los coches eléctricos tengan autonomías -digamos- decentes hacen falta paquetes de baterías muy pesados y voluminosos. Y si, en cambio, se hacen coches muy ligeros, tendrán una autonomía bastante ajustada. Los fabricantes no cambiarán sus diseños solo por España, así que habrá que pasar por caja si les da por ahí.

Si las emisiones contaminantes (no las de CO2) se convierten en un blanco, hay una forma fácil de apuntar de forma selectiva: los vehículos de categoría A, sin derecho a distintivo ambiental

Otras formas creativas pueden pasar por poner mayor celo en todo aquello que todos sabemos que es un cachondeo. Por ejemplo, la colocación de ITV móviles y sorpresa donde se midan humos, ruido o reformas que claramente no cumplen con la ficha técnica. Caerían como moscas los que llevan escapes modificados o que solo llevan el coche legal cuando van a la ITV (y en motos, más de lo mismo). Y sin cambiar ninguna ley.

Si ya se hacen controles para pesar vehículos o que los conductores soplemos al alcoholímetro, ¿por qué no medir ruidos y gases?

No tengo tanta fe en que poner el doble o el triple de multas de tráfico pueda servir de algo. El año pasado se logró un récord de caja, más de 500 millones de euros. Para llegar a 8.000 millones habría que multiplicar la recaudación por sanciones por 16. Descabellado, sin duda. Tendría que haber un agente de la Guardia Civil en cada esquina.

Tenemos que ver a qué se refieren con «incentivar el ferrocarril», teniendo en cuenta que ni poniendo las Cercanías ni la Media Distancia «gratuitas» -a través de abonos que devuelven la fianza simbólica con un mínimo de viajes- el uso del ferrocarril se dispara. Ha aumentado su uso notablemente, pero tampoco ha causado una revolución. Tendrán que pensar en otra cosa. Podemos echarnos a temblar.