Si quieres acogerte al derecho a reparar puede que tu coche pierda funcionalidades: el caso Subaru en Massachussets

El Estado de Massachusetts añadió a su ordenamiento jurídico una normativa que obliga a los fabricantes a recabar información de sus vehículos para garantizar el derecho a reparar de sus propietarios. La normativa de 2020 amplió una previa del 2012 y fue votada por mayoría cualificada. Afecta a los modelo/año 2022 en adelante.

Una de las primeras consecuencias de la entrada en vigor de esta ley es que Subaru ha desactivado parte del sistema Starlink para los vehículos MY2022, que no han llegado todavía a sus propietarios. Según el fabricante, al no poder cumplir con la normativa, no le queda otra opción que deshabilitar el sistema para evitar incumplirla.

¿Qué es Starlink? En la web estadounidense de Subaru, que está también en español, veremos que se trata de una serie de servicios conectados a Internet mediante suscripción, desde la adquisición de aplicaciones y contenido de entretenimiento, hasta poder solicitar interacciones con el servicio oficial, pasando por conectividad WiFi en el interior del coche, petición de asistencia en ruta, etc.

Deshabilitar este servicio hace que efectivamente Subaru no viole la normativa, que le obligaría a poner a disposición de los usuarios el historial de reparaciones del vehículo, así como a los reparadores independientes y al margen de la red oficial de Subaru. La plataforma con esos datos no existe ni va a existir pronto, argumentó un portavoz.

Subaru ha desactivado el diagnóstico remoto del coche para no incumplir la ley del Estado de Massachussets

En la práctica, lo que ocurre es que la información accesible por el puerto de diagnóstico del coche -no conectada a Internet- podría estarlo también en un servidor de Internet, por lo que se podría acceder remotamente a la misma.

Voces contrarias al derecho a reparar afirman sale de la nada y no existe, y que al igual que el derecho a la asistencia sanitaria universal y el derecho a la vivienda gratuita, se ha inventado por conveniencia política. Creen que tiene desventajas como incremento de los costes de un vehículo nuevo, falta de seguridad cibernética, o que no beneficia a los talleres independientes pequeños, solo a los grandes.

Aunque hablemos de una parte de un país extranjero, que está al otro lado del Atlántico, y que tiene formas muy distintas de entender el mundo respecto a nuestros criterios, nos sirve como precedente. Podría perfectamente ocurrir algo similar con Europa o en nuestro mismo país -si no choca con la legislación comunitaria-.

Con la llegada de determinados servicios digitales el consumidor empieza a estar un poco indefenso. Si deja de pagar, pierde el disfrute del servicio. Si el fabricante decide dejar de actualizar algo, vuelve al equipamiento o prestación obsoleta. Si el fabricante decide unilateralmente que algo deja de funcionar, pues son lentejas -te las comes o las dejas-.

Los defensores del derecho a reparar nos dirán que si hay información perfecta se podrá garantizar que el consumidor arregle su vehículo donde le dé la gana, y sin que el reparador tenga una desventaja competitiva. De hecho, hoy día cualquier mecánico puede recibir cursos de formación para realizar el mantenimiento de modelos concretos, si se lo paga. Por razones evidentes, esto no se hace siempre.

No es intrínsecamente malo que los fabricantes quieran mantener a sus clientes más atados con servicios adicionales y suscripciones digitales, forma parte de aquello de sacar beneficios por la venta de bienes y servicios. Es legítimo. Lo que es cuestionable es que el dueño del coche pierda funcionalidades o incurra en desventajas si no pasa por el aro, o si el fabricante decide no pasar por el aro por cuestiones legales.

Los consumidores podemos premiar o castigar ciertas prácticas comerciales con un arma poderosa, nuestro poder adquisitivo. De nosotros dependerá que algunos fabricantes puedan abusar de su posición, o que se les conmine a facilitarnos las cosas cuando decidamos no utilizar sus productos o servicios, sea cual fuere el motivo.

Subaru no va a ser el único ni el último fabricante en desactivar funciones para cumplir la ley, o al menos no desobedecerla. Veremos más casos con el paso de los años, habrá fabricantes que piensen más en el bienestar y satisfacción de sus clientes, y habrá otros que prefieran pensar más en los números, aunque sus clientes acaben cabreados.