Los coches eléctricos europeos son cada vez más baratos, pero el motivo no te va a gustar nada y plantea serias dudas sociales

Ya te habrás dado cuenta que la vida está ahora más cara de lo que nunca ha sido. Tras la pandemia de la COVID-19 en 2020 los precios han ido en claro ascenso. El mercado se ha enfrentado a diversos contratiempos como la crisis de suministros o el aumento en los costes de la energía. A pesar de haber dejado atrás la peor parte de la crisis las tarifas no se han compensado. Es más, a partir del 1 de enero los coches serán más caros. ¿La culpa? Según los fabricantes es de Europa y de sus políticas medioambientales que les obligan a apretarse el cinturón de las emisiones.

Con la llegada de 2025 entrará en vigor una nueva normativa de emisiones que reduce el límite de CO2 que cada vehículo debe expulsar. En caso de superar el límite establecido de 95 gramos de CO2 por kilómetro, las marcas tendrán que compensar el exceso pagando multas a Bruselas. Hay excepciones a la norma, pero la mayoría de marcas generalistas se enfrentan a este problema. La ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) calcula que las marcas se enfrentan al pago de 15.000 millones de euros en multas por exceso de emisiones. Multas que repercutirán en el precio de los coches. Se espera que el 1 de enero los turismos se encarecerán, de media entre 1.000 y 2.000 euros.

Los coches de combustión subvencionarán la compra de un coche eléctrico

La única forma que tienen los fabricantes de reducir la factura a Europa es vender más coches eléctricos o electrificados. Tienen que reducir la huella de carbono de su flota de vehículos y por lo tanto se espera que haya considerables rebajas por adquirir un coche CERO o ECO. Al menos una quinta parte de todas las ventas de la mayoría de las empresas automovilísticas deberán ser de vehículos eléctricos para evitar fuertes multas. Sin embargo, en Europa, la cuota de coches eléctricos es de apenas el 13%. Una brecha enorme que supone un enorme desafío para los fabricantes y para los compradores.

Las marcas necesitan vender coches eléctricos, coches cuya fabricación es considerablemente más cara que la de un modelo térmico. De forma paralela, los subsidios y las ayudas no terminan de cuajar entre los clientes, ya sea por falta de fondos, por las pocas ayudas o por los problemas burocráticos que acarrean. Sin que Bruselas dé señales de cambiar la normativa, los fabricantes tienen un plazo y unos requisitos que cumplir. Marcas como Volkswagen, Stellantis y Renault han elevado los precios de los coches con motores de combustión en un intento a la desesperada por frenar las emisiones de la flota y aumentar el atractivo comercial de los eléctricos. Sin embargo, la estrategia podría resultar contraproducente.

El aumento de los precios de los automóviles de gasolina debería ayudar a cerrar la brecha con los vehículos eléctricos más caros, pero dado el débil crecimiento del mercado, es posible que no se generen suficientes ventas de vehículos eléctricos. Lo que a su vez supone recortar la producción, las horas de trabajo producidas y, en definitiva, despidos masivos a corto y medio plazo. Los que compren un coche térmico ayudarán a subvencionar la compra de un coche eléctrico que, recordemos, es más cara. Una especie de subsidio indirecto que afecta a las rentas más bajas, incapaces de acceder a los precios y a los requisitos exigidos a la hora de comprar un coche eléctrico.

El problema no reside únicamente en comprar un coche impulsado por baterías, sino tener acceso a un punto de carga. Se estima que casi el 70% del parque automovilístico español duerme en la calle. O lo que es decir, no tiene fácil acceso a un sistema de recarga doméstico. En esos casos la ventaja competitiva de los eléctricos, el coste por uso, se recorta considerablemente, por no mencionar que la infraestructura de carga en muchos países de la Unión Europea sigue infradimensionada. La consecuencia más directa es que miles de conductores no van a cambiar de coche. Muchos van a mantener sus viejos vehículos térmicos. Al menos, ciudades como Madrid han otorgado un año de moratoria a la más exigente normativa de circulación.