El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre el «Caso Dieselgate»: toca indemnizar

Hemos hablado largo y tendido sobre el escándalo de las emisiones de motores diésel o «Caso Dieselgate», que alcanzó niveles globales en septiembre de 2015 después de saltar la liebre en Estados Unidos. Varios fabricantes hicieron trampas a la hora de homologar los motores diésel supuestamente limpios, y durante años.

Por un lado estuvo el Grupo Volkswagen con la connivencia de Bosch, cuyas centralitas de motores TDI eran capaces de detectar una prueba de homologación y afanarse en contaminar lo mínimo. En el mundo real las prestaciones eran otras: menor consumo, más prestaciones, mayor fiabilidad... y una ventaja competitiva frente a los demás fabricantes.

Otros fabricantes, en cambio, hicieron una interpretación muy creativa del reglamento de homologación de vehículos en varios países, permitiendo que la contaminación fuese más elevada en determinadas condiciones de uso. Esto se consideró trampa, y entre los tramposos tenemos que citar a un fabricante: Daimler -así se llamaba la matriz de Mercedes-Benz.

Perspectiva general del TJUE

En febrero de 2021, hace ya un par de años, el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Ravensburgo (Alemania) elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para dirimir en un conflicto entre un particular, que compró un Mercedes-Benz C 220 CDI usado, y el fabricante. El fallo lo hemos conocido esta semana. Ya no es la opinión del abogado general del TJUE, es sentencia.

En una nota de prensa del TJUE, el titular lo deja bastante claro: «El comprador de un vehículo de motor equipado con un dispositivo de desactivación ilícito goza de un derecho a ser indemnizado por el fabricante de automóviles cuando dicho dispositivo haya causado un dañoa ese comprador».

Por «dispositivo de desactivación ilícito» entendemos cualquier componente o sistema del motor encaminado a desactivar el control de emisiones, también mencionado repetidas veces como dispositivos fraudulentos o tramposos. En el coche en cuestión, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) aumentaban bajo cierta temperatura al reducirse la recirculación de gases de escape (EGR).

Coches como el Mercedes-Benz GLK 220 CDI se pasaban de las emisiones de óxidos de nitrógeno permitidas por la normativa europea

El tribunal alemán quería saber si los derechos del consumidor habían sido vulnerados. Y sí, fueron vulnerados. El TJUE argumenta que cuando un fabricante emite un certificado de conformidad (CoC) está asegurando al cliente que va a comprar un coche que cumple con todas las normativas de homologación aplicables.

Pues resulta que dicho CoC protege los intereses particulares del comprador individual. Como el derecho comunitario no tiene nada previsto para estos casos, el tribunal alemán tendrá que evaluar cuál es el daño que el fabricante causó al cliente, y en qué forma ha de cuantificarse económicamente. Eso sí, tampoco pretende el enriquecimiento injusto del mismo.

Esta decisión del TJUE marca el camino a seguir tanto para los tribunales de cada país europeo, como para los propios Estados miembro, que no pueden impedir ni poner pegas para que los afectados reciban una compensación adecuada. Y el fallo, aunque vino de un caso contra Daimler, es aplicable a cualquier fabricante que haya hecho trampas en la Unión Europea.

Los afectados por el escándalo de las emisiones fraudulentas de motores diésel en Europa no son solamente varios millones de propietarios, también lo son todos los afectados por la degradación de la salud pública producto del funcionamiento ineficaz de los sistemas de purificación de gases de escape.

Y aunque desde entonces el problema fue solucionado para coches nuevos (Euro 6/7, ciclo de homologación más realista, sistemas antipolución más sofisticados, más ventas de coches eléctricos, zonas de bajas emisiones...) sigue habiendo millones de propietarios que quieren recibir una indemnización.

Recordamos una vez más el agravio comparativo entre los estadounidenses y los europeos. En EEUU varios fabricantes, como Volkswagen o Stellantis (antes Fiat Chrysler Automobiles), han tenido que desembolsar decenas de miles de millones de dólares en recompras, llamadas a revisión, multas, financiación de redes de recarga de coches eléctricos e indemnizaciones.

El TJUE ha abierto la caja de Pandora en la Unión Europea...

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea