El Tribunal Supremo declara ilegal el ‘céntimo sanitario’ aplicado a los carburantes, ¿cómo afecta esto al conductor?

El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), una decisión que afecta a lo que se conoce como el ‘céntimo sanitario’.

Este impuesto estuvo vigente en España entre 2013 y 2018 y se aplicaba a los carburantes como una medida destinada a financiar el gasto sanitario.

La sentencia, que sigue la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha generado un importante debate, ya que abre la puerta a que las empresas que pagaron este impuesto puedan reclamar su devolución, lo que podría tener importantes repercusiones tanto para el Estado como para las autonomías, así como para los conductores.

Se estima que este tributo autonómico recaudó cerca de 6.500 millones de euros

¿Qué es el ‘céntimo sanitario’ y por qué fue declarado ilegal?

El ‘céntimo sanitario’ fue un impuesto que se aplicaba a los carburantes y que, aunque fue derogado oficialmente en 2013, se perpetuó mediante una nueva estructura fiscal que incluía un tipo autonómico dentro del IEH.

Esta medida permitía a las comunidades autónomas establecer un gravamen adicional sobre los hidrocarburos, lo que ha sido considerado contrario al Derecho de la Unión Europea por crear desigualdades entre territorios.

La sentencia del Supremo responde a un largo proceso que comenzó en 2014, cuando el TJUE determinó que este tipo de impuestos no respetaba la normativa comunitaria. Aunque España eliminó formalmente el ‘céntimo sanitario’, en la práctica se mantuvo el cobro a través de otras figuras impositivas.

La reciente decisión del Tribunal Supremo confirma que este tipo autonómico también es ilegal y que, por lo tanto, quienes pagaron este impuesto pueden reclamar su devolución.

¿Quién puede reclamar la devolución y cómo afecta a los conductores?

Principalmente, serán las petroleras y empresas distribuidoras de carburantes las que tendrán derecho a reclamar la devolución del impuesto, siempre que puedan acreditar los pagos realizados.

Eso sí, el Tribunal Supremo ha determinado que, si las empresas que pagaron el 'céntimo sanitario' trasladaron el coste de este impuesto a los consumidores mediante los precios, no tendrán derecho a la devolución, ya que no lo soportaron directamente.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la devolución sólo es posible cuando el contribuyente haya asumido el coste del tributo sin trasladarlo.

Por ello, quienes realmente pagaron el impuesto, como los transportistas, no podrán solicitar la devolución a las comunidades autónomas y deberán recurrir a otras vías legales, como la civil o la responsabilidad patrimonial del Estado.

El Tribunal Supremo también aclara que la traslación del coste vía precio a los consumidores finales no da derecho a que estos reclamen la devolución a Hacienda. La sentencia establece que existen otras vías, como dirigirse al proveedor o al Estado, pero no a la Administración tributaria.

A partir de ahora, los tribunales de instancia analizarán cada reclamación, teniendo en cuenta aspectos como la cuantía del impuesto trasladado, el momento en que se pagó y si el importe fue repercutido a terceros.

Por tanto, el proceso de devolución será complejo y dependerá de la comprobación de que los pagos fueron realizados mediante autoliquidaciones y no se han devuelto previamente.

¿Qué implica esta sentencia para el Estado?

La devolución de lo recaudado por este impuesto supone un desafío financiero para el Estado español y las comunidades autónomas, que deberán hacer frente a un volumen importante de reclamaciones.

Se estima que durante los años en que estuvo vigente este tipo autonómico del IEH, se recaudaron cerca de 6.500 millones de euros. No obstante, la cuantía exacta de las devoluciones dependerá de los casos concretos y de la capacidad de los afectados para acreditar los pagos.

El Ministerio de Hacienda ya ha advertido que será un proceso largo y complejo, ya que es necesario analizar la «letra pequeña» de cada caso y verificar que los importes reclamados no hayan sido devueltos previamente o que no se hayan trasladado a los consumidores finales a través de los precios.

Fuente: El Mundo