Uber y Cabify abandonan Cataluña tras conocer el decreto "anti VTC"

No era un farol. El sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) avisó de que habría despidos y dejarían de renovar contratos a sus asalariados si se imponían las condiciones del Decreto Ley 4/2019: 15 minutos de tiempo previo a la contratación, sin geolocalización, y no permitir a los VTC circular vacíos salvo que vayan desde su base, o hasta su base.

Estas condiciones no impiden el desarrollo del negocio de las empresas de VTC, que básicamente llevan clientes de un lado a otro, previa contratación, con una tarifa pactada. La operativa de Uber y Cabify no tiene sentido sin geolocalización, y más del 98 % de los servicios no tienen que esperar 15 minutos a que llegue un coche.

Uber carece de autorizaciones de transporte propias, Cabify tiene unas pocas, el resto son PYMEs españolas

Sin Uber y sin Cabify está más que claro que las empresas de VTC pierden muchos encargos, luego les sobran trabajadores -es así de crudo-. Vector Ronda ha anunciado 1.000 despidos de un total de 2.300 empleados en toda España; el Grupo Auro despedirá a 500 de 2.200; Moove Cars despedirá a 750 trabajadores. Sumando, 2.250 puestos de trabajo.

Uber y Cabify son intermediarios entre pasajeros y VTC. Estos últimos generan muchos más impuestos que el sector del taxi, lo ha corroborado hasta GESTHA (Hacienda)

Según estas tres empresas, la práctica totalidad de sus conductores -más del 95%- eran parados de larga duración con una edad superior a 45 años, tanto hombres como mujeres. Este colectivo tiene serias dificultades para reinsertarse en el mundo laboral a partir de la crisis económica.

La patronal de los VTC -Unauto- demandará a la Generalitat y a los políticos responsables por presunta prevaricación (abuso de su poder)

La pérdida de negocio para estas empresas no va a quedar sin respuesta. Los abogados de las empresas de VTC están preparando recursos para exigir indemnizaciones a la Generalitat de Catalunya por el perjuicio económico causado, y asesorarán a los empleados despedidos para que hagan lo propio. El volumen de las indemnizaciones superaría los 1.000 millones de euros.

No solo eso, la regulación catalana, prácticamente a la carta de los taxistas tras varios días de protestas y cierre patronal, puede vulnerar normas de rango superior como las directivas de la Comisión Europea para facilitar la competencia. Según el Instituto de Coordenadas puede haber un "caos jurídico" de "consecuencias imprevisibles".

Cabify es una empresa española -fundada en Delaware, EEUU- que anunció su tributación íntegra en España el año pasado a través de Maxi Mobility Spain, S.L.U.

El Decreto Ley 4/2019 fija un mínimo de 15 minutos para la contratación, pero los municipios serán libres de ampliar ese plazo a, por ejemplo, una hora, siempre que no bajen de 15 minutos. Tras el "decreto Ábalos", con el que el Gobierno central se libró de la patata caliente, autonomías y corporaciones locales reciben competencias para regular el transporte y concretamente las VTC.

Había de plazo hasta 2022 para una regulación autonómica específica, mientras tanto se aplicaría la normativa estatal

Los tribunales podrían determinar que la norma catalana infringe otras normativas de rango superior y anular sus efectos, y no sería la primera vez que ocurre. Mientras tanto, Uber y Cabify se marchan de la autonomía catalana. Algunos conductores podrán ser recolocados en otras zonas donde haya actividad. ¡Esa es otra!

En Madrid van 11 días de cierre patronal y movilizaciones en IFEMA, la propia M-40, las calles de Génova, Sol y el Paseo de la Castellana... pero las autoridades de la Comunidad de Madrid no ceden y no aceptan las modificaciones legales exigidas por el sector del taxi. El argumento de los gestores madrileños es que no van a legislar contra un colectivo y que los ciudadanos tengan que pagar indemnizaciones en el futuro con sus impuestos.

En su segunda etapa en Barcelona (marzo 2018 a enero de 2019) Uber ha operado legalmente, poniendo en contacto a pasajeros con vehículos con licencia y todos los permisos

Lo que ocurre no es ni más ni menos que una consecuencia directa de convertir 1 problema en 17. Madrid y Cataluña son las autonomías donde más volumen de negocio tienen tanto VTC como taxistas, y donde es mayor la conflictividad de estos últimos. El crédito de estos últimos está siendo gravemente afectados por las molestias ocasionadas a los ciudadanos.

Tanto Uber como Cabify no paran de ganar clientes con la publicidad gratuita que supone cada episodio en las protestas de los taxistas y sus cierres patronales, ya no en Cataluña, pero sí en el resto del país. En cualquier foro público es fácil encontrar quejas respecto al modo de protestar de los taxistas, salvo que sea uno de taxistas o de formaciones políticas muy concretas: fundamentalmente Podemos -y confluencias- y en menor medida el PSOE.

Los taxistas de Cataluña no tienen garantizado recuperar como clientes a todos los usuarios que dejan de usar Cabify y Uber. Puede que acabe surgiendo otra plataforma que permita contratar fácilmente los servicios de VTC cumpliendo la legalidad en Cataluña, mientras los tribunales no echen abajo el citado DL 4/2019 o haya un cambio político en la Generalitat que revierta la modificación legal. Ni una cosa ni la otra ocurrirán a corto plazo.

Más información en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: Decreto Ley 4/2019, de 29 de enero, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor.