Más lío con las ZBE en Madrid, el Gobierno amenaza a tres localidades con cerrar el grifo del transporte público
La Delegación del Gobierno ha advertido a tres municipios madrileños de que, si no activan las Zonas de Bajas Emisiones antes de 2025, perderán las ayudas estatales al transporte público, tal como exige la Ley de Cambio Climático.
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Publicado: 21/09/2024 09:20
El conflicto en torno a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) vuelve a estar en el centro del debate en la Comunidad de Madrid. Esta vez, la Delegación del Gobierno ha lanzado una advertencia clara y contundente a tres municipios madrileños: Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro.
Si no cumplen con la normativa sobre la implantación de ZBE, el Gobierno central podría cortar las ayudas estatales al transporte público a partir de 2025. Una medida que podría tener consecuencias graves tanto para los municipios como para sus habitantes.
La advertencia del Gobierno de España
La Delegación del Gobierno en Madrid, amparada en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021, de 20 de mayo), ha remitido cartas a los ayuntamientos de estas localidades. En ellas exige el cumplimiento de una normativa que establece la obligación de poner en marcha ZBE en municipios con más de 50.000 habitantes.
Esta ley busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, limitando el acceso de vehículos más contaminantes a ciertas zonas urbanas.
El contexto de esta advertencia no es casual: las misivas fueron enviadas durante la Semana Europea de la Movilidad, un evento clave para promover políticas de transporte más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Sin embargo, la tensión ya venía gestándose desde el verano pasado, cuando el Ministerio de Transición Ecológica envió un requerimiento similar. Mientras que Aranjuez y Valdemoro respondieron con evasivas, Arganda del Rey directamente no contestó.
Una obligación legal ineludible
La Ley de Cambio Climático es clara: los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a adoptar planes de movilidad sostenible que incluyan ZBE para reducir las emisiones derivadas del tráfico rodado.
Este mandato legal forma parte de los compromisos adquiridos por España dentro de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNCCA).
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha sido tajante: «Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los alcaldes de Aranjuez, Arganda y Valdemoro».
Según sus declaraciones, el incumplimiento de esta normativa no pone en riesgo exclusivamente la calidad del aire y la salud de los vecinos, sino que también pone en peligro las ayudas estatales que financian el transporte público de estas localidades.
«Exigimos responsabilidad a los alcaldes, porque sus decisiones no sólo penalizan la calidad del aire, sino también el bolsillo de sus ciudadanos», ha añadido Martín.
Consecuencias directas para los vecinos
La posible retirada de ayudas al transporte público tendría un impacto significativo en la vida diaria de los vecinos de Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro.
Estas subvenciones son clave para mantener un sistema de transporte público accesible y asequible, especialmente en zonas donde muchos habitantes dependen de él para desplazarse a sus trabajos o centros educativos. De perder estas ayudas, las tarifas podrían dispararse o, peor aún, el servicio podría verse reducido.
A nivel medioambiental, el impacto también sería notable. La Ley 7/2021 busca mejorar la calidad del aire, pero también mitigar los efectos del cambio climático. Limitar el acceso de vehículos contaminantes en las ZBE es una de las principales medidas para alcanzar estos objetivos.
La negativa de estos municipios a implementar estas zonas, según la Delegación del Gobierno, es una falta de compromiso con la salud pública y el medio ambiente.
¿Y ahora qué?
La pelota está en el tejado de los ayuntamientos de Arganda, Aranjuez y Valdemoro. Si no toman medidas para cumplir con la Ley de Cambio Climático, el Gobierno podría hacer efectiva su amenaza y retirar las ayudas al transporte.
Esta situación pone de manifiesto el reto que supone equilibrar las necesidades locales con los compromisos nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.
Lo cierto es que, aunque la normativa es clara, la implementación de las ZBE no está exenta de controversias, ya que implica un cambio en los hábitos de movilidad y puede generar resistencias entre parte de la población.
Sin embargo, como recuerda Francisco Martín, «es una medida imprescindible para mejorar la calidad de vida de los vecinos, en base a una mejor calidad del aire».
En los próximos meses, los municipios afectados tendrán que decidir si siguen enfrentándose a la ley o se alinean con las exigencias medioambientales, evitando un choque frontal con el Gobierno central y las consecuencias que ello conllevaría para sus ciudadanos.
