Caos en las ZBE: un rompecabezas convertido en una trampa para los conductores

Una de las estrategias clave para mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades ha sido la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas urbanas donde el acceso y circulación de vehículos están regulados para reducir las emisiones de gases contaminantes. Todo bien hasta que me surge la pregunta: ¿Puedo entrar en esa ciudad con mi coche? Entonces te das cuenta de que la respuesta no es fácil.

La disparidad de criterios y regulaciones entre diferentes ciudades ha provocado que cada municipio opere bajo su propia versión de lo que una ZBE debería ser. Lo que debería ser una solución beneficiosa para todos se ha convertido en un laberinto de normativas desiguales, restricciones confusas y un enorme coste para los ciudadanos.

No deja de desconcertarme que no se aplique una estrategia nacional coherente. Aunque debo reconocer que tampoco me sorprende. Para casi todo en España nos encontramos con 17 criterios diferentes porque estamos acostumbrados a que cada Comunidad Autónoma haga y deshaga a su antojo, o al menos lo parece.

Ahora imagínate si en lugar de cada CCAA lo hace cada una de las aproximadamente 151 ciudades que tienen que aplicar las ZBE. Bueno, no hace falta que te lo imagines, porque eso es precisamente lo que tenemos aunque la mayoría todavía están en trámites. Como en España se ha delegado la responsabilidad a los municipios hemos llegado a un escenario en el que cada ciudad parece jugar bajo sus propias reglas.

El galimatías normativo de las ZBE es un problema para los ciudadanos

Te recuerdo que la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y ciudades de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminación a adoptar, entre otros aspectos, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Desde el Gobierno central se deja que cada ciudad haga la ZBE como quiera. Lo único claro que impone es que las restricciones a la circulación de vehículos en las ZBE deben hacerse de acuerdo con las etiquetas medioambientales emitidas por la Dirección General de Tráfico (DGT). Para eso están, recordemos que estos distintivos clasifican los vehículos según su nivel de emisiones. Que esa clasificación sea justa es otro tema pero no voy a meterme en ese jardín ahora.

Sin unas normas claras comunes para todos, lo que sucede es que el ciudadano se encuentra con docenas de normativas distintas en las ZBE con restricciones que varían en función de criterios de lo más heterogéneos. A mi juicio, lo lógico sería establecer una normativa homogénea para el conjunto del país que evitara disparidades entre ciudades.

¿Cómo puede un ciudadano planificar sus desplazamientos cuando las reglas cambian de una ciudad a otra? Ésa me parece una palabra clave, «planificar». Antes de entrar con un coche contaminante en una ciudad que no conocemos parece que hay que aprenderse sus normativas locales.

La falta de coherencia en la normativa va en contra de los ciudadanos. Añade además que en muchos municipios resulta complicado encontrar información clara y comprensible sobre cómo funciona la ZBE local. En lugar de este galimatías normativo lo ideal habría sido establecer unas reglas comunes que funcionasen a nivel nacional, dejando a los municipios que decidan en qué parte de su territorio conviene establecer la ZBE.

A pesar del loable objetivo de las ZBE, la falta de uniformidad en su aplicación contribuye a la confusión, las desigualdades y el rechazo hacia estas zonas.

En la actualidad vemos que cada ZBE tiene sus propios criterios para restringir el acceso ya sea siguiendo el etiquetado ambiental, por grado de ocupación del vehículo o por tipo de vehículo. También se restringe el estacionamiento de manera permanente o temporal, además de la posibilidad de establecer diferentes tarifas por tipo de vehículo y distintivo ambiental o tarificación dinámica según el horario o en función del nivel de congestión. A esto hay que sumar la larga lista de excepciones por características de conductores o de las actividades. La cuantía de las multas por infracciones también depende del criterio de cada ciudad.

Rizando el rizo, no solo encontramos que cada ciudad tiene su propia reglamentación sino que a veces dentro de una misma ciudad pueden existir varias normas diferentes dentro del municipio. Dentro de las ZBE hay otras ZBE especiales, con sus propios criterios, para complicar más las cosas.

Te pongo el ejemplo de la capital de España. La ZBE de Madrid está compuesta por todas las vías públicas y urbanas del municipio y se aplican limitaciones de circulación. Pues bien, dentro de la ZBE de Madrid hay Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) son áreas con restricciones aún más estrictas. En Madrid, actualmente hay dos: ZBEDEP Distrito Centro y ZBEDEP Plaza Elíptica.

Al menos esas dos ZBEDEP tendrán los mismos criterios, pensarás. Pero no. Por supuesto que no, habría sido demasiado fácil. Distrito Centro tiene sus criterios y Plaza Elíptica otros distintos. En una misma ciudad nos damos de bruces con tres normativas distintas que hay que estudiarse para no correr el riesgo de ser multados. Una probabilidad que no es pequeña si observamos que en apenas año y medio ha habido nada menos que 1,2 millones de multas de tráfico impuestas en Madrid por las ZBE, según los datos de AEA.

La movilidad por el territorio español no debería ser un lujo

Las ZBE, lejos de beneficiar al ciudadano, lo coloca en una situación de incertidumbre por la falta de armonización de las normativas entre ciudades. Esto no solo representa una incomodidad, sino que también genera costes. Para desplazarse a estas áreas muchos conductores se ven obligados a adquirir vehículos de bajas emisiones o a invertir en transporte público, que en algunas áreas de España sigue siendo deficiente.

La movilidad se convierte en un lujo, un escenario donde los menos pudientes solo encuentran obstáculos. Muchas familias no pueden permitirse comprar un coche eléctrico o un híbrido enchufable, opciones que aún tienen un precio elevado en comparación con los vehículos de combustión. Para quien cambiar de coche no es una opción viable, las ZBE terminan por convertirse en una barrera que limita sus desplazamientos y afecta a su calidad de vida, especialmente si se suma la falta de alternativas de transporte público adecuadas en algunas ciudades.

Los estudios demuestran que el tráfico rodado es una de las principales fuentes de contaminación y limitar el acceso de los vehículos más contaminantes debería, en teoría, mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Tengo claro que las ZBE pueden ser una buena idea porque con su implantación se reduce el acceso de vehículos contaminantes al núcleo urbano, priorizando el uso de medios de transporte más limpios y fomentando la electrificación del parque automovilístico.

Además del apoyo decidido a la movilidad sostenible, para que las ZBE funcionen de manera efectiva es necesario que se diseñen e implementen de una manera coherente y que haya una uniformidad y claridad normativa. Serían más efectivas si el Gobierno central estableciese unas directrices claras y homogéneas para todas las ZBE del país, de modo que los conductores sepan a qué atenerse independientemente de la ciudad en la que se encuentren.

En caso contrario, creo que corremos el riesgo de que las ZBE no sean vistas como una solución ambiental sino como una carga adicional para los ciudadanos, una simple vía que de manera intencional trata de recaudar a través de multas y un caos normativo que obstaculiza la movilidad en lugar de fomentarla.